Belén Ehuletche

Mientras redacta una nota que elevará a las autoridades del Gobierno Nacional, el sector industrial expresó, a través de la UIA, su preocupación por una decisión de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) que suspendió, hasta el 31 de diciembre, un régimen que le permitía a las empresas importadoras quedar excluidas del pago de IVA y Ganancias.

 

En ese sentido, sobre la Resolución General 5339/23 que se comunicó este miércoles, la entidad señaló que "aumenta nuevamente la presión tributaria sobre el sector formal".

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En concreto, la medida que busca incrementar la recaudación de la AFIP ante una situación atípica por la fuerte sequía del agro, por un lado "suspende los certificados de exclusión del régimen de percepción de IIGG e IVA para las importaciones de bienes hasta el 31 de diciembre del 2023".

 

Además, "imposibilita el cómputo de la percepción en los anticipos del Impuesto a las Ganancias y se limita temporalmente el cómputo de la percepción de IVA" lo que "implica el diferimiento del cómputo de las percepciones por 9 meses", reclamó la entidad que conduce Daniel Funes de Rioja.

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El tema se analizó con especialistas tributarios del departamento técnico de la UIA, de donde surgieron una serie de cuestionamientos.

 

En primer lugar, la central fabril señaló que "la medida es inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones".

 

"Acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo, sin dejar que dichos saldos a favor se computen contra otros impuestos durante 2022, en un contexto global y macroeconómico doméstico adverso con restricción de crédito, alto riesgo cambiario y altas tasas de interés", describe el texto.

 

Además, recuerda que para obtener la exclusión las industrias deben tener acumulados saldos a favor por el equivalente al 20% del promedio del impuesto determinado en las últimas 12 declaraciones juradas y cumplimentar todos los requisitos impuestos por AFIP.

 

"Es decir -aclara- afecta a empresas industriales que ya acumulan un significativo crédito fiscal a favor".

Puntos en cuestión

 

Las industrias solicitan los certificados de exclusión por el costo financiero que, de no contar con los mismos, les produciría la acumulación de saldos a favor en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA, describe el informe.

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 "La Resolución genera preocupación por el impacto en el costo financiero del sector industrial que conlleva la inmovilización del capital de trabajo producto de la aplicación de la norma", marca la UIA.

 

Luego, apunta que la medida no es sustentable económicamente y señala que implica un préstamo a tasa 0 por 9 meses de parte de las empresas importadoras argentinas al fisco por el equivalente a las percepciones por el 26% del valor de las importaciones de los próximos 9 meses (20% IVA, 6% IIGG), "afectando de ese modo a las empresas que requieren insumos importados para su producción y/o realizan inversiones (ya que son en su mayoría las que cuentan con estos certificados)".

 

Por otra parte, el diferimiento de nueve meses para el cómputo de los pagos a cuenta al momento de la importación, en un contexto inflacionario del 100% anual, implica "devaluar el crédito fiscal y, a valor presente, incrementar el costo financiero de las importaciones".

Mayor presión 

 

En términos macroeconómicos, explica que, según las estimaciones de la misma AFIP, la medida implica un "desfinanciamiento" a las empresas por 979 mil millones de pesos para el año 2023 que representa 1,1% del PIB 2022 (precios corrientes). "La medida tiene un claro objetivo recaudatorio, afectando la competitividad de la producción", denunciaron los industriales.

 

Asimismo, aclara que afecta a las MiPyMES ya sea que importen o no, porque los distribuidores que pueden ser afectados por esta medida, podrían trasladarles sus efectos adversos, lo que encarece el abastecimiento de insumos y equipamiento.

 

Por último, los técnicos de la UIA marcaron un aumento de la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, "en tanto estas percepciones constituyen una carga pública superior a lo que por alícuotas las empresas deberían pagar".

 

En ese sentido, la entidad se refirió al último informe que elaboró sobre la Carga Fiscal Formal y planteó que "eleva aún más a Argentina en los primeros puestos del ranking de los países más gravosos de la región y del mundo".

 

 

Al finalizar, destaca que las importaciones que utiliza la industria para el abastecimiento de la producción "se corresponden con materias primas, insumos y bienes de capital, esenciales para la continuidad del tejido industrial del país y no con importaciones de bienes para consumo que luego se venden sin valor agregado".