Impeachment: claves para entender cómo sigue la batalla de Dilma y qué puede pasar en Brasil si es destituida

Impeachment: claves para entender cómo sigue la batalla de Dilma y qué puede pasar en Brasil si es destituida

La suspendida mandataria se defendió ayer ante el Senado y ahora espera el veredicto que la puede dejar fuera del gobierno

 

BRASILIA.- Agarrarse de las manos, alzar los brazos y cerrar el puño. Entrelazar los dedos, levantarlos y repetir el gesto. Una y otra vez. En San Pablo, en Brasilia, en Río de Janeiro, en Bahía, en cada uno de los estados brasileños. Desde que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dejó entrever en noviembre de 2008 que ya tenía a su sucesora en mente hasta que Dilma Rousseff fue elegida como la primera mandataria mujer del país más grande de América latina el 31 de octubre de 2010 fueron cientas las veces que ambos políticos, figuras clave del Partido de los Trabajadores (PT), hicieron el movimiento: se tomaron de las manos, las alzaron en alto y se las apretaron, con fuerza, con decisión. En una señal de unidad, la misma que demostraron días atrás.

Pese a conseguir la reelección, Dilma no pudo con el legado de Lula, no consiguió contentar al pueblo como lo había logrado él. Tampoco conservar sus altos índices de popularidad. Mucho menos contar con ese carisma para conseguir treguas, para negociar con la oposición. Ni siquiera con la alianza de su vicepresidente Michel Temer , del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD).

Ahora, a menos de seis años de obtener la llave del Palácio do Planalto y a poco más de tres meses de ser suspendida, la mujer que hizo historia en la política brasileña puede volver a hacerlo al convertirse en el segundo jefe de Estado de Brasil destituido.

Las acusaciones

Maquillar las cuentas públicas. Ocultar el déficit estatal para conseguir la reelección de 2014. Emitir tres decretos que modificaron los presupuestos y no contaron con la autorización del Congreso. Cometer infracciones en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ampliar el límite de gastos en más de medio millón de dólares de forma unilateral; provocar el aumento del déficit. Atrasarse en los depósitos que el gobierno debía hacer en el Banco do Brasil; elevar los intereses. Violar la Constitución del país.

No son delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo. Y tienen a Dilma entre la espada y un contexto que no la ayuda: desde el comienzo de su segundo mandato en 2014, el PBI retrocedió 3,8% en 2015 y proyecta caer 3,1% este año, el desempleo creció y consiguió un récord de más de 11 millones de personas, la inflación preocupó y tocó los dos dígitos, la actividad se contrajo un 3,8 por ciento el último año y el rojo fiscal superó los 45.000 millones de dólares.

La catarata de acusaciones por las revelaciones de la Operación Lava Jato tampoco le dio una mano. La red político-empresarial de sobornos que le costó a la estatal petrolera Petrobras más de 2.000 millones de dólares agravó su mala imagen, recrudecida por su intención de nombrar a Lula en su gabinete y protegerlo así de la investigación que también lo ensucia y por la que en marzo fue interrogado.

El camino al impeachment

El primer indicio de que las cosas no iban viento en popa para Dilma, una ex guerrillera de izquierda que tras sobrevivir a las torturas retomó sus estudios en Economía, tuvo lugar el 15 de noviembre de 2015, cuando un grupo de juristas pidió a Diputados que abriera un juicio en contra de la mandataria. Tres semanas después, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dio luz verde al reclamo. A los pocos días, el vicepresidente Michel Temer tomó una decisión crucial, arengado por las circunstancias y con un plan propio en mente: difundir una carta dirigida a la presidenta en la que le reclamaba su falta de confianza y la acusaba de tratarlo como "un vice decorativo". También se instaló una comisión especial para analizar las acusaciones.

En marzo de 2016 la cosa avanzó y Temer oficializó su ruptura con el gobierno y su apoyo al impeachment. Dilma lo acusó de traidor. El 16 la jefa de Estado nombró a su antecesor, Lula da Silva, como jefe de Gabinete pero la grabación de una conversación telefónica entre ambos tiró sus planes por la borda e instaló la sospecha de que el nombramiento tuvo un objetivo oculto: librar al ex presidente de la Justicia ordinaria ante las denuncias que los involucran en la trama de corrupción del Petrolão. A principios de abril el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, se convirtió en su defensor y rechazó todos los cargos. Una semana más tarde la comisión especial aprobó el proceso. A los seis días hizo lo mismo la Cámara baja. Y ahí sí la presidenta lo dijo por primera vez: esto es "un golpe de Estado".

Eduardo Viola es especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y habló con LA NACION al respecto: "La narrativa del golpe no tiene consistencia, ni jurídica ni política. Todos los poderes funcionan normalmente y hay total libertad en todas las dimensiones. Pero el PT y los partidos de extrema izquierda usarán esa narrativa por algún tiempo". Por el otro lado, el abogado de Dilma insiste en que "todo esto es una farsa". "Es obvio que no existen los crímenes de responsabilidad de los que se acusa a Dilma. Todos los presidentes anteriores tomaron medidas fiscales similares pero nadie se quejó de que fueran ilegales. Lo que hubo fue un cambio de interpretación jurídica, que a mi parecer fue errada y políticamente motivada", advirtió días atrás Cardozo en una entrevista con LA NACION.

El 26 de abril Temer hizo oídos sordos a los reclamos de su antigua partenaire y admitió estar ya está listo para asumir la presidencia interina. El 12 de mayo ganó en el Senado el "sí" al juicio con 55 votos a favor y 22 en contra. Dilma Rousseff fue suspendida de sus funciones y su vicepresidente asumió el poder.

La mandataria se refugió en el Palácio da Alvorada. Y se defendió: dijo que las acusaciones son exageradas, que los atrasos en los pagos al banco ocurrieron en todos los gobiernos, que ella no fue quien operó siempre, que las gestiones las hacían los ministros de Hacienda y de Planificación. Mientras, su anterior aliado se puso firme en su plan: limitar el gasto público, reformar el sistema de pensiones por considerarlo demasiado generoso, restaurar la confianza en las finanzas del gobierno.

También transcurrieron los Juegos Olímpicos Río 2016, que distrajeron durante semanas la atención de una situación grave que empeoró aun más el 9 de agosto, fiesta deportiva pasada, día en que los senadores apruebaron por mucho la continuidad del juicio político.

Veinte días después, el lunes 29, Dilma hizo historia una vez más: se defendió ella misma de las acusaciones en el Senado y dijo ser víctima de " una pena de muerte política".

Qué puede pasar

Son dos opciones. Aunque se ramifican.

La primera indica que si dos tercios de la Cámara, 54 senadores, o más, aprietan el botón que envía la orden a la pantalla electrónica para que sume un voto positivo, un "sí", Dilma Rousseff quedará a sus 68 años destituida e inhabilitada para ejercer cualquier tipo de cargo público por ocho años. En este caso, al frente del Planalto seguirá el actual vicepresidente, quien deberá comandar el país hasta las elecciones que elegirán un nuevo presidente para 2018. Si esto ocurre, se confirmará el fin del gobierno del Partido de los Trabajadores, que comenzó en 2003 con la victoria de Lula da Silva.

Pero desde el PT no se quedarán con los brazos cruzados. Según Cardozo, van a recurrir al Supremo Tribunal Federal. "Si eso no funciona, apelaremos a las cortes internacionales; ya existe un pedido hecho por legisladores petistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos recurrir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aseguró.

Si las previsiones fallan y el que sale victorioso en el Senado es el voto en contra del juicio político a la mandataria, Dilma volverá al poder. Pero no será igual, ella misma lo admitió. De hecho, hasta prometió convocar un plebiscito para que el pueblo brasileño concurra a las urnas antes de lo pactado.

El brasileño Eduardo Viola entiende que el cambio es necesario y que "la crisis económica es bastante profunda". "Brasil recuperará el ingreso per cápita de 2013 recién en 2021. Pero esta recuperación acontecerá si son aprobadas reformas profundas, como la contención del gasto público y la racionalización de los impuestos".

Lo único que parece cierto por ahora es que, sea cual sea la situación que se confirme esta semana, Brasil será gobernado por un presidente impopular: Temer no cuenta con el apoyo del voto democrático para sentarse en ese sillón y las marchas multitudinarias de los últimos meses en las calles del país demuestran que el aval del pueblo a Dilma ya no es el que era.

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