La diputada entrerriana del Frente de Todos Blanca Osuna presentó un proyecto para crear una comisión Administradora del Río Paraná, con participación de las seis provincias que comparten su curso y la facultad de regular su uso, afectado en las últimas semanas por una bajante histórica. 

El debate incorpora además el futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay, cuando la Cámara de Diputados aún no trató la ley que crea una bicameral para seguir de cerca la licitación. 

"Es fundamental institucionalizar un organismo que tenga competencia sobre el Río y su borde costero, que es un bien natural, diverso y trascendente para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestras comunidades, para establecer condiciones para el uso sustentable, con el resguardo de nuestro ecosistema", sostuvo Osuna.

El Paraná fue noticia en las últimas semanas por la bajante récord, atribuida a la contaminación ambiental que la diputada busca proteger en esta comisión. "Hay un conjunto de hechos que abarcan una larga sequía, los numerosos represamientos ubicados en su tramo superior, la producción con perfil extractivista, la deforestación de bosques y selvas, y la afectación de los humedales en su curso".

"El río es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país", destacó la diputada. 

Su proyecto comparte cartel con el que crea la bicameral para participar de la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, por la que atraviesan el 80% de las exportaciones argentinas, que hasta este año administró un consorcio integrado por la belga Jan de Nul y el empresario local Gabriel Romero.

El kirchnerismo reclama su estatización, pero por ahora la decisión del Gobierno sólo aceptó tomar el control del cobro de peajes y planea una licitación larga para conseguir otro oferente. Pero la licitación también estará marcada por el control del daño ambiental, para impedir otra baja del caudal que impida el traslado de los barcos.

Osuna recordó que hay un Acuerdo Federal del Agua firmado en 2003 y recientemente se aprobó "la ley de Educación Ambiental, la Ley Yolanda, la iniciativa con dictamen de comisión sobre la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, el nuevo marco regulatorio de Biocombustibles y la decisión del Estado nacional sobre la Hidrovía, que marcan una dirección de trabajo que preserve nuestra casa común, genere conciencia ambiental y fije políticas de estado, porque legislar sobre estos temas es transformar con igualdad y justicia social sobre los recursos estratégicos, los ecosistemas y la soberanía".