La discusión de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se llevará a cabo en las comisiones de Asuntos Constitucionales, que encabeza Marcelo Fuentes (FpV), de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Aníbal Fernández (FpV), de la que también es parte como vocal Carlos Verna; y de Minería, que preside Guillermo Pereyra (MPN) y que también integra como vocal la senadora pampeana, María de los Ángeles Higonet.

Si bien aún no están confirmados los invitados, fuentes del bloque oficialista deslizaron a NA que, en principio, el martes concurrirían funcionarios nacionales, entre quienes podría estar el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

En este esquema tentativo se prevé que el miércoles asistan al debate los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHi) y que el jueves se sumen los especialistas invitados por los senadores de la oposición.

El proyecto recibió el visto bueno de los gobernadores de las provincias petroleras luego de intensas negociaciones con la Casa Rosada, pero los senadores del Peronismo Federal, el Frente Amplio UNEN y algunos radicales realizaron esta semana audiencias públicas en las que criticaron con dureza la iniciativa.

Para el Frente Amplio UNEN, la iniciativa "convalida el actual y decadente statu quo en materia de concesiones y avala irritantes privilegios al prorrogar sin competencia licitatoria áreas ya adjudicadas".

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), por su parte, elaboró una propuesta alternativa y mucho más radical: impulsa la estatización de toda la industria hidrocarburífera y la anulación de todas las concesiones a privados, sin indemnización alguna.

Las críticas del Peronismo Federal fueron expresadas en gran parte por el salteño Juan Carlos Romero, quien sostuvo que si se aprueba la nueva ley "la Argentina se convertirá en una sola jurisdicción, como un emirato".

Según el senador, con esta iniciativa "todos los beneficios" de la explotación hidrocarburífera "quedarán para la Nación, nada para las provincias" debido a que "fija un límite de ingresos" para los Estados provinciales.

"Hay un límite de ingresos para las provincias, con un máximo de 3 por ciento en ingresos brutos, 12 por ciento en regalías, prohibición de reservar áreas y de asociarse con los inversores", precisó Romero.

Uno de los más duros fue Fernando "Pino" Solanas, de UNEN, quien convocó a "ponerle palos en la rueda" al proyecto y prometió que si esa coalición llega al Gobierno en 2015 tirará "abajo la ley que se vote".

Para Solanas, el proyecto "sigue con el modelo de entrega privatizador, profundizando la entrega menemista, beneficiando sin límite a las multinacionales y asegurándoles el saqueo masivo del petróleo nacional".

El presidente de ese interbloque, Rubén Giustiniani, consideró que la iniciativa es un "traje a medida para la gestión neoliberal de Miguel Galuccio en la petrolera estatal".

Y advirtió: "autoriza a exportar hasta el 20 por ciento de la producción sin retenciones y con libre disponibilidad de las reservas y otorga status legal a los beneficios concedidos en virtud del acuerdo YPF-Chevron".

El santacruceño Alfredo Martínez, de la UCR, aceptó que se necesita una ley de hidrocarburos nueva, pero dijo: "lo que se está discutiendo acá es la renta petrolera" y sostuvo que, en este sentido, "cada día las provincias tienen menos posibilidad de poder desarrollarse y tener autonomía".

"Yo esto no lo puedo acompañar porque lo que se elimina es la participación de las provincias", advirtió el senador santacruceño e indicó que "si esta ley sale como está" las provincias van a "pagar un costo que hoy ni imaginamos".

La propuesta oficial

El Gobierno nacional precisó que la nueva Ley de Hidrocarburos permitirá "generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo". Además, buscará "actualizar la ley vigente y adecuarla a las nuevas oportunidades que se presentan al país como son los recursos no convencionales, off-shore y la recuperación terciaria".

El proyecto establece un 20 por ciento de libre disponibilidad para la exportación de la producción petrolera por parte de las empresas extranjeras que decidan invertir en el sector.

Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, al ampliar y diferenciarlos. La nueva norma habilitaría 35 años para los yacimientos no-convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración.

Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto determina que se suprimen las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión". La iniciativa, por otra parte, "no afecta los derechos adquiridos de los actores concesionarios y/o los contratos vigentes en cada una las provincias como así también en las empresas públicas provinciales".

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

Sobre la extensión de las concesiones, las provincias podrán otorgar prórrogas de diez años a quienes cumplan con las inversiones comprometidas. El proyecto dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías con un tope del 18%.