Según consignó ayer el diario "La Nación", un sector del gobierno nacional está convencido de que se debe sancionar una nueva ley de hidrocarburos, aún a sabiendas de que se generará un conflicto con los gobernadores de las provincias petroleras.

Como ya informó este medio, la reforma que impulsa el gobernador Jorge Sapag le cayó pésimo al presidente de YPF, Miguel Galuccio. Los borradores de la nueva ley provincial que tiene el mandatario en sus manos establecen que toda concesión que venza quede reservada para la empresa GyP.

La petrolera nacional vislumbra que de esa forma en 12 años perdería buena parte de las áreas que posee y que estará en desventaja a la hora de acceder a nuevas superficies, cuando tuvo un notorio incremento de las inversiones y comenzó a aumentar la producción.

Mientras que desde la Provincia se quejan de que YPF tiene 12.000 kilómetros cuadrados en la cuenca, y que no los puede desarrollar. Creen que en Vaca Muerta hay espacio para muchas más compañías, y consideran que la empresa que conduce Galuccio tiene privilegios a la hora de importar insumos y equipos.

En este contexto, hay quienes impulsan cambios en el tablero. Proponen una norma nacional que incentive la inversión petrolera extranjera para recuperar el autoabastecimiento energético bajo el liderazgo de YPF.

En los últimos días, Sapag hizo pública su defensa a la Ley Corta, sancionada en 2006, que reconoce a las provincias como dueñas de los recursos y por ende, del manejo de las concesiones.

En un escenario convulsionado, el gobernador advirtió que defenderá los derechos obtenidos, a sabiendas de que por lo bajo buscan restarle poder a las provincias.

Es que el modelo de GyP cosecha críticas, no sólo por parte de YPF, sino desde las mismas filas del MPN. La senadora nacional Lucila Crexell lleva la voz cantante. Si bien respalda la creación de la empresa provincial, denunció que se convirtió en una “sociedad anónima totalmente exenta de controles del estado, donde se transfieren áreas a título gratuito para la exploración y explotación, y donde además tienen la posibilidad de salir a cotizar en bolsa y de afrontarse de un paquete accionario importante en manos de privados”.

Explicó que, de esta forma, se transfieren los recursos provinciales al sector privado. La legisladora dijo que las áreas se conceden de forma discrecional y pidió que se hagan licitaciones públicas para que todas las empresas compitan en las mismas condiciones.

Crexell indicó que no está en discusión la Ley Corta, y mucho menos la titularidad de las provincias sobre los recursos, sino la creación un marco legal que garantice la uniformidad de reglas de juego en todas las provincias.