Guillermo Moreno amenaza a las cereales por la falta de trigo

Guillermo Moreno amenaza a las cereales por la falta de trigo
Dice que le aplicará la Ley de Abastecimiento, que incluye sanciones, multas y hasta prisión si en 48 horas no se normaliza la provisión de ese producto
El jefe de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tras desconocer durante varias semanas la falta de trigo en el mercado argentino, cambió de opinión y decidió actuar con su estilo: dio un ultimátum de 48 horas a las cerealeras para que "aparezca" el producto, bajo la amenaza de aplicar la Ley de Abastecimiento, una norma de la década del 70 que incluye multas y hasta arrestos a los empresarios.

Por medio de un cable de la agencia de noticias del gobierno de Cristina Kirchner, el funcionario dejó trascender que se emplazó a los exportadores de cereales para que en el lapso de 48 horas normalicen el mercado de trigo, e indicó que si esto no ocurre se aplicará la ley de Abastecimiento.

Fuentes de esa repartición remarcaron a la agencia que si el mercado no se normaliza, el viernes se implementará la ley de Abastecimiento y se procederá a decomisar el trigo en existencia para volcarlo en el mercado, a los molinos que lo soliciten, al precio de paridad de exportación.

El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, ya había advertido ayer que tomará medidas si no aparece en el mercado el trigo que necesitan los molinos para elaborar pan y otros farináceos. "Hay un excedente [de trigo], estamos esperando que se ponga a disposición del mercado; si no van a obligar al Estado a tomar medidas", expresó

LA LEY DE ABASTECIMIENTO

La Ley 20.680 de Agio y Abastecimiento fue sancionada en 1974, a pocos días de la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón. Se trata de una norma que autoriza la regulación total de cualquier actividad económica, en todas sus etapas, para asegurar el abastecimiento de los productos o la prestación de los servicios.

Básicamente, prevé sanciones que van desde multas y clausuras hasta cuatro años de prisión. Según una actualización dictada por decreto en 2002, los gravámenes ascienden desde los $ 500 hasta sumas millonarias. Los cierres pueden extenderse por 90 días y las penas de prisión son de dos tipos. Por un lado, existe la posibilidad de arresto preventivo durante 48 horas. Por el otro, el empresario puede ser condenado a 90 días entre rejas. Pero si los hechos adquieren gravedad, el Gobierno está autorizado a dictar la prisión por cuatro años..

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