La gran cobertura mediática hizo que el clima político se volviera espeso y los pedidos de renuncia se multiplicaron.

Todo comenzó cuando la agrupación realizó la presentación en la comisión de Labor Parlamentaria denunciando a un grupo inmobiliario y constructoras e incompatibilidad de cargos de un asesor y una funcionaria municipal en la zona de Nuevo Alberdi.

La acusación incluye estafas de los desarrolladores a los posibles compradores al poner en venta lotes en zona rural –sobre las que es ilegal la urbanización– como parte de un proyecto inmobiliario que busca modificar la calificación del uso del suelo.

Y además, estas empresas para empezar la urbanización comenzó a vender, a desalojar, a abrir calles y hacer tendidos de gas ilegales, explicaron desde Giros.

Desde el Movimiento indicaron que en estas operaciones económicas existe un vínculo entre el "sector privado" y funcionarios del municipio, incluso personas que trabajan para "lo público y lo privado", por lo que hablan de "incompatibilidad de funciones".

Se encuentran involucrados Jorge Doncel, al que Giros califica como "doble agente" en su carácter de constructor de varios barrios privados rosarinos y al mismo tiempo asesor en convenios públicos-privados contratado por la Municipalidad.

Y también Adriana Salomón, coordinadora general del Servicio Público de la Vivienda (SPV) para el programa Rosario Hábitat, y al mismo tiempo integrante del staff de la empresa Egea-Era, la firma encargada de habilitar la obra de gas en la urbanización de Nuevo Alberdi que fue interrumpida por su violación a la actual normativa sobre estos terrenos.

Lo que Giros busca es que el HCD investigue cuáles son los vínculos que tienen los empresarios, que pretenden llevar adelante un pingüe negocio en Nuevo Alberdi partiendo de la especulación inmobiliaria, con funcionarios públicos, y que también se vea cómo y cuando los privados compraron las tierras en esa zona.

Los ediles se hicieron eco de la fuerte denuncia y se manifestaron al respecto, incluso el electo gobernador Antonio Bonfatti se refirió a la cuestión e intentó poner paños fríos hablando de "expropiación" de los terrenos en disputa para favorecer emprendimientos sociales.

La documentación presentada, "amerita que el Concejo dé prioridad al tema, que es conocido pero no resuelto", dijo la concejal kirchnerista María Eugenia Bielsa.

Y a su vez Jorge Boasso (radical en alianza con el socialismo) indicó: "Giros hizo una denuncia fuerte que tiene que ver con una especulación inmobiliaria en determinado sector de la ciudad y con funcionarios públicos pasados y presentes que habrían tenido alguna conexión", y aseguró que está dispuesto a integrar una comisión para "investigar estas supuestas relaciones carnales".

El escándalo desatado aún está lejos de terminar. Parte del oficialismo, más precisamente los giustinianistas, apoyan la postura de Giros, mientras que desde el sector afín al Intendente Miguel Lifschitz optaron por minimizar la situación y negar todo tipo de irregularidad.

En este momento, los militantes de Giros se encuentran acampando frente al Palacio de Los Leones esperando a ser recibidos por funcionarios que desde hace días prometieron llevar adelante un encuentro que fueron posponiendo sin fundamentación alguna, según explicaron desde la agrupación a La Noticia 1.

La denuncia cayó en el peor momento para el socialismo, ya que el candidato presidencial Hermes Binner (FAP) utiliza como principal eje de campaña la transparencia en la gestión, sosteniendo que en 22 años de administración en Rosario jamás fueron denunciados por corrupción.