La resolución judicial prioriza el acceso al agua como un derecho humano esencial, impidiendo que la empresa utilice el corte del servicio como método de coacción mientras se investiga el fondo del conflicto.

El fallo establece que los usuarios afectados podrán optar por abonar únicamente el consumo mínimo de 15 metros cúbicos mensuales o el total facturado, decisión que deberá estar claramente detallada en las próximas boletas. Además, la magistrada ordenó la reconexión inmediata y sin costo para aquellos hogares que ya hubieran sufrido la interrupción del servicio, suspendiendo también cualquier ejecución judicial por deudas acumuladas en los últimos dos años. Esta medida busca proteger la economía familiar frente a montos que, según la presentación del abogado Horacio Enrique Koncke, no guardan relación con el consumo histórico de las viviendas y carecen de una justificación técnica transparente por parte de la firma.

Uno de los puntos más críticos de la demanda sostiene que Samsa estaría cobrando «aire» a precio de agua potable debido a fallas en la presurización de la red. Según la hipótesis vecinal, el ingreso de aire en las cañerías provoca que los medidores analógicos registren flujo gaseoso como si fuera líquido, inflando de manera artificial los consumos. Aunque la jueza Bacigalupi no dio por probada definitivamente esta anomalía, consideró que existen pruebas suficientes sobre la irregularidad del servicio y las fluctuaciones de presión para otorgar una tutela urgente a las familias, protegiendo especialmente a hogares con menores y personas con discapacidad.

En paralelo, la Justicia ha puesto la lupa sobre el rol del Ente Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), exigiéndole un informe detallado sobre los operativos de monitoreo de presión realizados en puntos estratégicos del barrio. El organismo ya había admitido anteriormente la existencia de afectaciones en la continuidad del servicio y un incremento extraordinario de la demanda durante el verano, factores que se suman a obras de infraestructura inconclusas y cortes de energía. La falta de respuestas claras por parte del ente regulador refuerza la posición de los vecinos, quienes exigen soluciones técnicas definitivas, como la instalación de válvulas purgadoras de aire.

Este revés judicial para Samsa se produce en un clima de creciente malestar social en Posadas, donde el debate por la calidad del servicio ha llegado incluso al Concejo Deliberante. La resolución de la jueza Bacigalupi sienta un precedente fundamental en la defensa de los derechos del consumidor frente a las empresas de servicios públicos esenciales. Mientras el expediente principal avanza para determinar la veracidad de la sobrefacturación, los vecinos de Itaembé Guazú han logrado un respiro legal que garantiza que el agua, motor vital de cualquier hogar, no les sea arrebatada por una disputa económica.