El gobierno británico reveló hoy que, en caso de perder el recurso presentado ante la Corte Suprema para ejecutar el Brexit, presentará al Parlamento "un proyecto de ley de una sola línea" que autorice el comienzo de las negociaciones con la Unión Europea (UE), en la segunda jornada de debate en el máximo tribunal.

El abogado del gobierno, James Eadie, dijo que ese proyecto "se limitaría a solicitar la autorización del poder legislativo para dar inicio al periodo de dos años de conversaciones con la Unión Europea (UE)" para concretar la salida del Reino Unido del bloque regional, según la agencia de noticias EFE.

Eadie concluyó hoy sus argumentos en el recurso presentado ante la Corte Suprema por el gobierno, que pretende anular un dictamen judicial anterior que lo obliga a consultar con las dos cámaras del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para negociar el Brexit.

Ayer se iniciaron las audiencias sobre el recurso del gobierno que son transmitidas en vivo a través de la web del organismo y cuya sentencia debería ser anunciada antes de Navidad, pero podría retrasarse hasta los primeros días de enero de 2017.

Frente a un indiscutido clima de tensión y polarización política, los jueces de la Corte prometieron ayer que actuarán en base a preceptos jurídicos y no políticos.

"Si la Corte Suprema decide contra nuestros argumentos aquí, la solución en términos legales es una ley de una línea. Podría ser que ello llevará a todo tipo de complicaciones parlamentarias y posibles adiciones y enmiendas, pero esa es la solución", adelantó hoy Eadie ante los once jueces del Supremo.

El abogado alegó entre ayer y hoy que la primera ministra Theresa May puede hacer uso de una antigua prerrogativa real para actuar unilateralmente, sin necesidad de que los diputados aprueben una ley específica primero.

El gobierno británico sostiene que puede hacer uso de esa antigua prerrogativa real para ejecutar el Brexit sin necesidad de obtener autorización parlamentaria, pues tiene el mandato que le dio el resultado del referéndum del 23 de junio, en el que un 52% de los votantes británicos apoyó abandonar la UE.

En la segunda jornada de presentaciones, el máximo tribunal del país escuchó hoy los argumentos en contra del recurso presentado por el gobierno para anular el fallo de la Corte Suprema de Londres, que determinó, a partir de un pedido de un grupo de ciudadanos, que sólo el Parlamento tiene el poder legal de activar el Brexit.

El grupo de ciudadanos que inició esta batalla legal contra el gobierno de May están encabezados por la empresaria Gina Miller y los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El abogado de Gina Miller, David Pannick, defendió hoy esta posición y sustuvo que evitar el Parlamento supondrá "anular" derechos adquiridos por la ciudadanía cuando se decidió entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972.

Pannick también argumentó que "no existe prerrogativa real" en la Constitución británica que permita al Poder Ejecutivo "anular derechos y deberes".

Para el abogado, al aprobar la ley de Comunidades Europeas en 1972 -que permitió la posterior adhesión a la UE-, el Parlamento británico "no contempló" que el gobierno pudiera "anularla" de forma unilateral, sin autorización de los parlamentarios.

Esta ley incorpora la legislación comunitaria al derecho británico, lo que resulta en "derechos adquiridos" que la Corte Suprema debe proteger, sostuvo.

Mientras la batalla judicial continuaba hoy en la sede de la Corte Suprema en Londres, en Bruselas el negociador jefe de la Comisión Europea para el Brexit, Michel Barnier, pidió al Reino Unido que notifique su salida de la UE cuanto antes y limitó a 18 meses el período de negociaciones.

Bruselas quiere limitar el tiempo de las negociaciones porque, una vez alcanzado un acuerdo, éste debe ser aprobado por cada uno de los países miembros de la UE.

Desde Bahréin, donde participaba de una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, la primera ministra May insistió en que logrará el mejor acuerdo para su país -"rojo, azul y blanco" como la bandera, dijo-, y prometió que podrá mantener su plan de activar el Brexit antes de finales de marzo de 2017.

El Ejecutivo esperará a "oír la sentencia de la Corte Suprema", pero "tiene claro" que tanto ella como el Parlamento "actuarán de acuerdo a la voluntad del pueblo británico", añadió.

May, que quiere evitar la consulta parlamentaria para no revelar su posición negociadora ante Bruselas, insistió en que el Parlamento ya legisló cuando autorizó el referéndum y que el pueblo británico "ya decidió" salir de la UE.