Después de la escalada en el conflicto entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto, nuevos cruces por temas económicos se suman a la agenda política. Esta vez, la disputa surge a raíz del Consenso Fiscal que el Gobierno buscará firmar la semana que viene con la mayor parte de las provincias. El jefe de gobierno porteño y referente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y ya avisó que la Ciudad no participará. Desde el Ministerio del Interior salieron a responderle.

El lunes a las 17 la cartera que conduce Eduardo “Wado” De Pedro buscará firmar un nuevo Consenso Fiscal con gobernadores de todo el país. De acuerdo al borrador que circulaba en los despachos oficiales, al que tuvo acceso Infobae, se aplicará a partir del año próximo, y le permitiría a las provincias crear nuevos impuestos, como por ejemplo, a la herencia y también incrementar otros, como las alícuotas de ingresos brutos de algunas actividades.

Esta mañana, Larreta, que arrastra un historial de enfrentamientos con el gobierno de Alberto Fernández por temas impositivos y de coparticipación, avisó: “En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso no lo vamos a firmar“. No fue una sorpresa. La Ciudad de Buenos Aires había rechazado ya la firma del pacto fiscal del año pasado, alegando que la contrapartida de esa adhesión era desistir del juicio contra el Estado nacional por la quita de la coparticipación que anunció el presidente Alberto Fernández en plena pandemia y que provocó un serio conflicto político entre las dos principales coaliciones.

Mientras que el diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina, tuiteó: “El inminente ‘Pacto Fiscal 2022′ delegará en las provincias la creación de un nuevo ‘Impuesto a la Herencia’. Además, permitirá aumentos en los topes de Ingresos Brutos en varios rubros. La voracidad impositiva no tiene límites”, aseguró.

En Balcarce 50 recibieron con malestar los cargados mensajes de los referentes opositores y salieron a aclarar -entre críticas al pacto fiscal que impulsó Mauricio Macri en 2017- que el objetivo es brindar “estabilidad jurídica” a los sistemas de recaudación de las provincias. También remarcaron que, al adherir, las provincias no están obligadas a incrementar impuestos.

“A partir de 2019, los gobernadores reclamaron seguir teniendo sus facultades y sus autonomías tributarias. Nosotros dimos lugar a eso, y empezamos, desde entonces, con una firma de consensos en donde establecíamos las alícuotas que estaban vigentes en ese momento. Esto no quiere decir que las provincias tengan que aplicar estas alícuotas. Y pueden aplicar alícuotas menores si quieren. Se trata simplemente de armonizar los máximos”, dijo esta tarde, en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

“Nosotros no promovemos ningún aumento de impuestos. Se trata de ratificar las alícuotas máximas vigentes en 2019, 2020 y 2021, y de que las provincias tengan la potestad tributaria. Volvemos a darle la autonomía política a las provincias, para que ellas decidan si aumentan o no”, agregó.

Y contraatacó: “Ellos (por el gobierno porteño) son los que efectivamente están aumentando impuestos. Eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la Ciudad. Ellos aumentaron a través de su presupuesto y leyes impositivas, 52 por ciento el ABL y las patentes, más la creación que habían tenido de un nuevo impuesto el año pasado, más el impuesto a los servicios financieros”, enumeró la funcionaria, que responde al ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro.

También destacó que la única modificación incluída en el nuevo Consenso -el tope para actividades financieras-, que no estaba en los anteriores, se incorporó debido al aumento en ese impuesto de parte de la Ciudad. “El gobierno porteño decidió aumentar esa alícuota y a partir de eso, nos pusimos de acuerdo para establecer un techo, para que no vuelva a ocurrir esto de que una jurisdicción fuerce subas”, dijo.

Y remarcó que CABA será la única jurisdicción que no adherirá, junto a La Pampa y San Luis, que están excluidas porque no se sumaron al Consenso de 2017. “En los últimos dos meses tuvimos diálogo con absolutamente todas las provincias, que nos fueron mandando comentarios y propuestas. El consenso se trata de dialogar y nos pusimos de acuerdo para llegar al último borrador. Firman todos menos ellos”, destacó Batakis.

El nuevo consenso fiscal fue uno de los temas que el presidente Alberto Fernández compartió durante un encuentro con gobernadores oficialistas en la Quinta de Olivos esta semana, donde se analizó la agenda de ejecución de obras en los distritos luego de la caída de la aprobación de la ley de Presupuesto 2021.

Después del rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto de ley de Presupuesto que había presentado el Ejecutivo nacional, los ánimos quedaron caldeados entre la oposición y Juntos por el Cambio. El cruce con la Ciudad se transformó hoy en un nuevo capítulo del conflicto por la gestión económica mientras el Gobierno negocia con el FMI un acuerdo para refinanciar la deuda externa de 44 mil millones de dólares que contrajo el expresidente Mauricio Macri en 2018 a través de un programa de facilidades extendidas. Ese pacto, según el Fondo, requiere de un “consenso amplio” que, a pesar de la inminencia de un acuerdo, parece lejano.

Los principales puntos del Consenso Fiscal:

- Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante 2022 podrán legislar un impuesto a un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.

- Aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos: para agricultura, ganadería, pesca, minería de 0,75%; industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y restaurantes, 4,5%; comunicaciones 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud 4,75%.

Estos nuevos porcentajes implican subas en varios rubros como comunicaciones y servicios financieros.

- Las actividades dentro de agricultura, ganadería , pesca y minería que vendan a consumidores finales quedarán sujetas, en relación a esas operaciones, a la alícuota máxima establecida para comercio.

- Mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

- Se gravará el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la CABA. Esto incluye el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos) y la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.

- Establecer una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% para el resto de contratos y operaciones alcanzadas por este tributo.

- Las provincias y la CABA solo podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.