En medio de las reformas que generaron polémica en el Poder Judicial, las máximas autoridades del Gobierno recibieron a representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina.

Tanto los miembros del órgano federal como el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, reivindicaron la nueva ley que dividió la cabeza del Ministerio Público y les otorgó autonomía a los jefes de los fiscales provinciales (el cargo es ejercido por Edmundo Jiménez) y de los defensores oficiales (esta magistratura aún permanece acéfala).

“Los procuradores avalaron esta norma, porque dijeron que está vigente en muchas provincias del país. No es un invento nuestro, y sirve para mejorar la justicia y fortalecerla”, señaló Manzur. Y añadió que la propuesta “fue votada por amplia mayoría” en la Legislatura. “No sólo por el oficialismo, sino también por la oposición. Es decir que hubo consenso”, añadió.

Jaldo manifestó que la división del Ministerio Público Fiscal y Pupilar es una medida enmarcada en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. “Más de 13 o 14 provincias vienen aplicando (este desdoblamiento), en el que el Ministerio Fiscal posee total autonomía y manejo presupuestario”, aseveró el vicegobernador.

Consideró además que la medida es clave en la lucha contra la inseguridad. “Para que nuestros fiscales puedan atrapar a los delincuentes, y principalmente a los ‘motoarrebatadores’, primero se debe contar con la cantidad de fiscales suficientes en la provincia en relación a la población; y segundo, brindar los recursos y el presupuesto”, indicó. Y amplió que, si se quiere “ir a fondo con las transformaciones”, se les debe asignar recursos y herramientas a este sector de la Justicia penal. “Compartimos con los tucumanos la preocupación y hasta el miedo a salir a la calle por los delitos. La Legislatura, presente en esta lucha, brindó más elementos y presupuesto para combatir la delincuencia”, aseveró.