Luego de un año de severas críticas del Senado, la administración de Ricardo Colombi reformuló el contrato que liga a la Provincia con Karstec SA, empresa que tiene a su cargo la tercerización en la percepción de los tributos de la Dirección General de Rentas (DGR). Si bien la renegociación significa que Corrientes dejará de aportar a favor de la firma millonarias sumas mensuales (a partir de la elevación del piso del cual extrae una parte de sus ganancias), no contenta a los legisladores de la oposición quienes - vía proyecto de ley presentado a finales de 2010 - habían solicitado la desvinculación del Estado con la entidad privada.

La tercerización de Rentas data del 2004, tercer año de la primera gestión de Ricardo Colombi “en el sillón de Ferré” en la que Enrique Vaz Torres también ocupó el Ministerio de Hacienda. En el proyecto de ley presentado en el Senado, los legisladores que rubricaron la iniciativa consideraron al acuerdo como “extremadamente beneficioso” para la firma privada y “exageradamente costoso” para la Provincia.

La encubierta privatización del cobro de los impuestos provinciales se ejecutó en forma directa sin llamado a licitación. El 16 de septiembre de 2004 el Ministerio de Hacienda firmó un contrato con el Banco de Corrientes (entidad financiera con el 96% de acciones del Gobierno provincial) para la prestación del “servicio de procesamiento, la modernización de la gestión operativa y la asistencia a la administración tributaria con la provisión de bienes y servicios” por un plazo de 10 años.

Por tal prestación, se estableció que se le otorgaría al Banco de Corrientes el 10% del incremento en la recaudación mensual de la DGR, más un monto fijo de $190.000 y una suma equivalente al 1,55% de la recaudación mensual de Rentas obtenida por todo concepto.

Sólo un par de semanas le demandó al Banco de Corrientes hallar una empresa privada que realice el servicio que le había sido encomendado por el Ministerio de Hacienda. El 30 de septiembre de 2004 la entidad bancaria rubricó un contrato con Karstec SA. Así, evitó el llamado a licitación y se adjudicó en forma directa a una firma privada una multimillonaria delegación de labores.

El acuerdo rubricado entre el Banco de Corrientes y Karstec SA le significaba a la firma la percepción mensual de una suma fija de $167.200 más un monto que resulte de aplicar el 1.364% de la recaudación total de la DGR y el valor que surja del 8,80% sobre el incremento de la recaudación registrada por Rentas.

Según los cálculos esgrimidos por los senadores, la empresa habría cobrado más de 60 millones de pesos en 2010 por la prestación de sus servicios.

Uno de los aspectos más criticados en el contrato fue la fijación del piso a partir del cual la firma cobraba el 8,80% de la mejora en la recaudación. El mismo se hizo de acuerdo al porcentaje percibido en 2003 y se fijó en 8 millones de pesos. Sin embargo, tal piso se estableció como fijo. Es decir, la firma cobraba un porcentaje del supuesto excedente de recaudación a pesar de que éste mejoraba producto del efecto inflacionario y del crecimiento de la actividad económica y no por el aporte de gestión y tecnología brindado por la empresa.

La reformulación del contrato significó la elevación del piso, a partir del cual la empresa cobra el 8,80% de la mejora en la recaudación, de 8 a 24 millones de pesos.

Para los senadores opositores, la reformulación significó un reconocimiento “implícito” del Gobierno de Colombi de que el contrato original era perjudicial para las arcas de la Provincia.