Cristina Kirchner le reprochó al juez Ricardo Lorenzetti, en aquella muy fría reunión institucional, que la Justicia estaba preparando un golpe de Estado como el que derrocó en Honduras al ex presidente Manuel Zelaya. Seguramente se refería a las sentencias de primera y segunda instancia que le habían dado la razón a Martín Redrado en el caso de su destitución y en el reclamo de frenar la apresurada transferencia de reservas nacionales a las cuentas del Poder Ejecutivo. La comparación con Zelaya sólo exhibe la convicción kirchnerista de que el poder sólo sirve si es total y absoluto. ¿Qué parecido comprobable existe, por lo demás, entre la presidenta argentina y un mandatario que fue sacado en pijama de su país, en medio de la noche, por soldados del ejército?

Pero el "partido judicial" parece no incluir a los jueces del oficialismo que sí estarían por perpetrar un golpe contra las instituciones. En verdad, si dos jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sergio Fernández y Luis Márquez, aceptan la apelación del Poder Ejecutivo por una medida cautelar, es probable que el Gobierno se haga de las valiosas reservas con el argumento de que los dos fallos anteriores ya no están firmes.

¿Quién obligará a los Kirchner a devolver luego esas reservas? ¿O las devolverían sólo con bonos pagaderos dentro de muchos años? Al fin y al cabo, si esa situación sucediera, la decisión final de la Corte Suprema o la votación en el Congreso por la validez del DNU se convertirían en virtuales cuestiones abstractas. Los Kirchner ya se habrían hecho definitivamente de una parte importante de las reservas nacionales.

El discurso de ayer del juez Lorenzetti, en la inauguración del año judicial (que será complicado, según todos los pronósticos), sirve para que lo escuchen el Gobierno, la oposición y también los jueces. El Gobierno no debería esperar que la Justicia le saque las papas del fuego que él mismo encendió; la oposición no debería recurrir a la Justicia para que resuelva los problemas que ella no puede resolver, y los jueces no deberían hacerle al Gobierno la tarea sucia y permitirle que esquive de un salto todas las instancias institucionales.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene a Fernández y a Márquez como jueces cercanos al oficialismo. Fernández es hermano de otro Fernández, Javier, un auditor sindicado como el kirchnerista con más influencia entre los jueces. Javier Fernández es autor de muchos ascensos y caídas de jueces en los últimos años; la gloria o la desgracia de los magistrados es ejecutada por el poder de decisión definitiva que el Ejecutivo conservó en el Consejo de la Magistratura. Lo que esos jueces están tratando ahora es un recurso de apelación ante la Corte Suprema por una medida cautelar, que, según la estimación pública del juez Carlos Fayt, fueron rechazados en un 95% de los casos. Esto es: la Corte puede tratar apelaciones sobre decisiones firmes, pero no sobre medidas cautelares.

Todo esto deberá resolverse en la próxima semana, porque en la siguiente ya estará en plenas funciones el Congreso. En los primeros días de las sesiones ordinarias, que comenzarán el lunes 1º de marzo, la oposición prevé tratar el asunto del DNU sobre las reservas. Pero ¿de qué les serviría a los opositores contar voto por voto, como hacen ahora, si el fallo de dos jueces hubiera colocado ya las reservas en manos de los Kirchner?

Cristina Kirchner ha dicho que cuando era joven no creía en las informaciones que publicaban los diarios. El problema es que ahora, ya en la avanzada madurez de la vida y en la conducción política de la Nación, tampoco cree en lo que dicen los diarios. Es un modo extraño de gobernar la opinión pública (y así le va), pero lo que importa no son sus creencias, sino su capacidad para confrontar a diario con el periodismo. Sólo Hugo Chávez ha hecho de la prensa un enemigo constante y tenaz como Cristina.

La última diatriba se la dedicó a LA NACION y a Clarín , que compiten, dijo, por agraviarla. LA NACION publicó el domingo una información sobre un relato que hizo ella de una prisión compartida con su marido en 1976 y consignó que otras fuentes (en muchos casos con nombres y apellidos) habían desmentido su encarcelamiento. ¿Hubo un error? Ningún diario le hubiera negado la posibilidad de una civilizada aclaración sobre esa noticia. No necesitaba hacer de la cuestión una cruzada épica.

Los Kirchner han escrito y reescrito su historia varias veces. Sea como sea, lo cierto es que la Presidenta no fue Rosa de Luxemburgo en los crueles años 70. Ella mismo lo dijo cuando contó públicamente que en tiempos de la dictadura su actual marido le propuso que se fueran a Santa Cruz para hacer plata y para poder luego hacer política. Entonces prevaleció el pragmatismo, como ahora predomina el dogmatismo.

A Clarín lo vapuleó porque denunció que una monumental obra pública en Santa Cruz podría quedar en manos de empresarios amigos. Sobraron los gritos y faltó la puntual aclaración sobre cómo se está tramitando la concesión de la mayor obra pública (casi 4000 millones de dólares) de las últimas décadas. Esa es la cuestión y no la conspiraciones que, de tan reiteradas, son ya inverosímiles.

No existen el partido judicial ni el mediático. Y Cristina Kirchner no es una mártir ni su marido es un héroe. Nadie les pide que sean (o hayan sido) mártires y héroes. Sólo existe el zigzag interminable de una crisis a la que ellos no quieren ponerle fin.