“…En diálogos con el Gobierno central, nos indicaban poner topes jubilatorios, establecer 60 años para las mujeres y 65 para los varones de edad jubilatoria y, sobre todo, la transferencia de los fondos a la ANSES. En eso nosotros no estamos de acuerdo”, fue la frase que lanzaron ayer autoridades del Gobierno de la Provincia, cuando comunicaron el acuerdo al que arribaron con el grupo de Jubilados Unidos, que durante la medianoche del martes, abandonó el acampe frente a Casa de Gobierno.

La afirmación se da en un momento en el que el Gobierno de Mauricio Macri prepara la reforma del sistema jubilatorio que extiende hasta los 75 años la edad para jubilarse.

“Los destinos de la Caja de Previsión Social y el sistema previsional, corresponde decidirlo a los santacruceños, al pueblo de la provincia de Santa Cruz", afirmó el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Martín Chávez, reiterando que “no estamos para nada de acuerdo que desde el Gobierno central se rompa con el federalismo, se altere la autonomía de las provincias y nos quieran venir con recetas que son excluir a nuestros jubilados".

Desde comienzos de año, circulan los rumores de que la reforma jubilatoria formó parte de las exigencias del Poder central, que supeditó la reducción del déficit fiscal al préstamo de 750 millones de pesos que se gestionaron ante el Banco Nación. Sin embargo, sistemáticamente el Gobierno santacruceño se ocupó de negar rotundamente cualquier avance en este sentido, pero también de decir que no hubo tal pedido.

 

DEL ACUERDO CON JUBILADOS UNIDOS

Saneada esta cuestión, el Gobierno logró ayer destrabar el conflicto con el grupo de jubilados que desde hacía más de diez días venía protagonizando quemas de cubiertas, pegatinas y pintadas en edificios públicos, en reclamo del pago de sus aguinaldos y de una fecha cierta para el cobro de haberes en lo que queda del año.

El acuerdo alcanzado fija que el Gobierno de la Provincia se compromete a realizar el pago de la totalidad de los haberes jubilatorios antes del 7 de cada mes, considerándolo “prioritario de acuerdo a criterios de equidad”, quedando sujeto a las posibilidades financieras de la provincia y dentro del cronograma de pagos que establezca el Ejecutivo provincial.

Respecto a la cancelación de la primera cuota del SAC, el acta fija -de acuerdo a cálculos presupuestarios y financieros- como fecha máxima el 20 de agosto en caso de tener que solventarse con recursos propios.

De todas formas, los jubilados que firmaron el acta acordaron que, en caso de ingresar la próxima cuota del crédito acordado con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se cancelarán prioritariamente la totalidad de la cuota del medio aguinaldo del sector pasivo.

Vale recordar que hasta el momento, el Gobierno sólo pagó a aquellos jubilados cuyos aguinaldos no superen los $10 mil pesos, lo que constituye alrededor del 30% del total.

Por parte del grupo,  el compromiso pasa por concluir con la ocupación de la Casa de Gobierno, desalojando el inmueble, patio, accesos y zonas adyacentes, cesando con la quema de cubiertas y con todas las medidas de acción directa que llevan a cabo en el lugar.

En este sentido, vale mencionar que el grupo se dividió semanas atrás y que la fracción de “Jubilados Unidos en Acción”, no está de acuerdo con el arreglo con el Gobierno, por lo tanto, continuarán con manifestaciones.