Utilizando a uno de sus principales funcionarios, el Gobierno avanzó ayer otro casillero en su ataque hacia el Grupo Clarín. Y, como en anteriores oportunidades, otra vez el campo de batalla fueron las actividades de Cablevisión. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció que le quitaba a la operadora de TV paga la licencia para ofrecer Internet a través de Fibertel, y le daba 90 días para desprenderse de sus clientes.

Este anuncio fue más allá del de principios de mes, cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), le había ordenado a Cablevisión “abstenerse” de ofrecer el servicio a nuevos usuarios por considerar que “como distribuidora de TV por cable no cuenta con licencia para telecomunicaciones”.

Pero ayer De Vido dijo que “Fibertel ya no existe”, y acusó a Cablevisión de haber “violentado las normas legales de las telecomunicaciones”, por entender que no podía utilizar la licencia de Fibertel ya que su fusión con Cablevisión “se realizó sin acuerdo de la Secretaria de Comunicaciones”.

Según detalló, este organismo dará a conocer hoy los pasos a seguir por los clientes de Fibertel para cambiar de proveedor. Los datos van dirigidos al millón de usuarios de Fibertel que deberían buscarse nuevos prestadores de banda ancha.

Sin embargo, en Cablevisión aclararon que Fibertel seguirá operando, que no acatarán la decisión oficial y que volverán a recurrir a la Justicia.

Mediante una solicitada que hoy se publica en los medios, y de declaraciones de sus máximos ejecutivos, la operadora calificó al Gobierno de anunciar una medida “ilegal y arbitraria” que forma parte de “una escalada cada vez más totalitaria”. También informó que continuará con el servicio y que sus abogados presentarán un amparo judicial “para defender sus derechos y los de sus clientes”.

Para el grupo se trata de una “inédita” resolución “reflejo de una actitud abusiva” contra una empresa “que fue la primera en introducir Internet de alta velocidad en Argentina, hace 13 años, al inaugurar el servicio de cable modem, frente a las dos grandes telefónicas, herederas de la red pública”. Además, advirtió que “implica una gravísima penalización a los clientes y a los consumidores, al pretender restringirles su libertad de elección y convertirlos en rehenes de una persecución”.

A través del comunicado, la firma acusó al Gobierno de favorecer “sospechosamente” a compañías telefónicas. “La medida busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”, agregó la solicitada.

En tanto, Carlos Moltini, gerente General de Cablevisión, le dijo a El Cronista que la medida “no tiene ningún sustento legal”, por lo cual “Fibertel seguirá existiendo, brindando el mismo servicio de siempre”. Y agregó que “Fibertel opera con su licencia desde 2003, cuando ni siquiera existía Clarín en la empresa y ésta formaba parte de un grupo controlada por el fondo Hicks y por Liberty. La Comisión Nacional de Comunicaciones nunca presentó ninguna irregularidad al respecto”.

También explicó que “Cablevisión tenía una licencia como operador de cable y otra como proveedor de Internet por un tema normativo que luego quedó ordenado”.

Moltini recordó además que la fusión entre Cablevisión y Multicanal fue aprobada por el Gobierno en 2007 y aseguró que la empresa mantendrá sus planes de negocios. “Nuestra vocación es de largo plazo, mientras que estos funcionarios son ave de paso y algún día se van a ir”, aseguró. “Es tan tonto el argumento que no va a prosperar”, dijo Moltini. Como prueba anticipó que la empresa “anunciará en breve inversiones para ampliar en 10 veces la velocidad actual del servicio”.