En las últimas horas, el gobierno argentino presentó ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York los argumentos para evitar entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital, tal como había dictaminado en primera instancia en septiembre de 2023 la jueza de la Corte del Distrito Sur, Loretta Preska.

Con este accionar, la Argentina tiene como objetivo suspender de forma definitiva y sin condiciones el fallo que obliga a pagar una indemnización que supera los US$16.000 millones más intereses. Ahora resta que se designe a los jueces de la Cámara y se fije la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses.

La sede de YPF, en Puerto Madero.LUIS ROBAYO - AFP

En su presentación contra Eton Park, el Gobierno justificó la suspensión de la entrega de acciones al marcar que Estados Unidos “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero" y que, además, “contradicen lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos”. Esto tiene que ver con que las acciones de YPF se encuentran dentro del territorio argentino y no son utilizadas para actividades comerciales en Estados Unidos que puedan servir en base para la demanda.

“Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”, añade el comunicado.

A su vez, afirma que los demandantes no demostraron que el país “no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende“. “La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación”, indica.