Al secretario Guillermo Moreno no le alcanzó con el pedido de información a las consultoras privadas que difunden datos sobre la evolución de los precios. Ahora quiere multarlas. Según publicó la agencia oficial Télam, citando fuentes cercanas al Ministerio de Economía, las consultoras podrían ser multadas por la difusión de relevamientos de precios "que reflejen inexactitudes o errores".

Para esto, el Gobierno podría aplicar el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, que prohíbe "manifestar inexactitudes y/u ocultamientos que induzcan al error, engaño o confusión sobre determinadas cuestiones comerciales y produzcan incertidumbre respecto de los precios", agregó la agencia.

Durante enero, la Secretaría de Comercio Interior requirió, a diversas consultoras privadas, información sobre cómo miden la evolución de precios. Estas mediciones suelen duplicar o triplicar a las del Indec.

Casi todas las consultoras aceptaron responder, salvo Finsoport (reclamó primero ver el expediente), Ecolatina (se amparó en leyes de propiedad porque dice que su metodología está registrada) y Gabriel Rubinstein (pidió 15 días de prórroga).

Por otro lado, llamativamente el Gobierno no exigió ninguna información a las Direcciones de Estadísticas y Censos provinciales, cuyos números difieren también mucho de los del Indec.