Por eso, en el encuentro que mantengan este martes con el presidente de la entidad, Juan Ignacio Forlón, y el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, calculan que habrá avances importantes para obtener los $5.800 millones necesarios para terminar la gestión. 

Es que desde el Ejecutivo entienden que el Gobierno nacional, más allá de los enojos políticos con el gobernador Pérez, los cuales reconocen por lo bajo como una piedra en el camino para resolver este problema, no dejarán caer a Mendoza. Por un lado, porque de no hacerlo ahora mismo, si la situación de malestar social empeorara deberán intervenir de todos modos, y por otro, porque a 15 días de la elección presidencial, donde cada voto vale –y cada vez es más palpable un escenario de balotaje–  no es hora de facturar errores ni deslealtades entre justicialistas, sino de sumar votantes para Daniel Scioli. 

Además, la lista para senadores nacionales la encabeza una de las preferidas de la presidenta, Anabel Fernández Sagasti, y a ella no la abandonarán. 

Desde este sector específico aseguraron que hay voluntad política de la Casa Rosada de asistir a la provincia, pero no pudieron precisar en cuánto podrá finalmente cerrarse el acuerdo con el Banco Nación. 

Sin embargo, dicha asistencia tiene  más que ver con una medida política excepcional de Economía para dar lugar a lo importante –ganar las elecciones del 25 de octubre en primera vuelta– por sobre lo urgente: el atender la deuda mendocina. Todo esto en un contexto donde tanto el sector privado como el estatal del país sale a pedir plata al mercado financiero para finalizar el año.

Hasta ahora está previsto que las negociaciones serán realizadas sólo entre miembros del oficialismo, ya que ni el gobernador electo Alfredo Cornejo ni nadie de su equipo participará en esta reunión. 

De hecho, desde el día de aprobación en la Legislatura de la Ley de Endeudamiento, que ofreció el marco legal correspondiente para tratar con el Nación, no volvieron a verse la cara los miembros designados de la transición de gobierno.

Ahora bien, desde el radicalismo  saben que no sólo el monto del crédito a obtener sino la forma de pago será clave para considerar que el auxilio es verdadero.

En primer lugar, la refinanciación a largo plazo de los préstamos que ya otorgó el Banco Nación a la Provincia por un monto total de $2.200 millones (en concepto de sobregiros, créditos y descubiertos ) más otros $100 millones dados la semana pasada por la entidad bancaria para terminar de pagar los salarios de setiembre. Todo este combo vence en diciembre, y de pagarse así, Cornejo empezaría su gestión sin un peso.

En segundo lugar, otro crédito que garantice la cobertura de sueldos, aguinaldo y el funcionamiento básico del Gobierno durante el último trimestre. Por supuesto, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional,  le adelantó a Pérez $450 millones de coparticipación para paliar el rojo.

El optimismo dejado traslucir desde el oficialismo es razonablemente creíble para los radicales, principalmente porque hasta ahora el Banco Nación transfirió a Mendoza mucho más dinero de lo que por contrato está obligado, casi el doble. 

Pero también apuntan que Mendoza no puede recibir menos de $4.000 millones, cuyo primeros vencimientos fueran a dos o tres años, para que la ayuda financiera ofrecida por Kicillof fuera realmente útil. 

►Acuerdo Pérez-Cornejo. El proyecto de ley para pedir créditos por $5.800 millones fue presentado en “sociedad” el 7 de setiembre pasado, cuando ya era visible que la provincia no tenía suficientes recursos para hacer frente a sus obligaciones corrientes.

►Las claves. Ya en ese momento se dejó en claro que la asistencia financiera del Banco Nación era clave para obtener la cantidad de recursos necesarios para finalizar la gestión de Paco Pérez.

►La pelea. La interna justicialista generó una serie de peleas dentro y fuera del oficialismo, que derivó en modificaciones del acuerdo alcanzado entre Pérez y Cornejo, pero la ley fue aprobada.

Aseguran nuevos aportes

“Como sucede semanalmente, se han depositado $4 millones y este martes veremos qué traen los empresarios a la mesa, pero este problema es básicamente una discusión por la tarifa por kilómetro recorrido”, explicó un alto funcionario de Gobierno para despejar ansiedades respecto a la continuidad del servicio de transporte urbano.

O al menos esa es la actitud del Gobierno, bajar la presión que producen las declaraciones empresariales y sindicales y mostrarse sereno en medio de la tormenta. Pero no se han descartado tomar medidas judiciales si AUTAM deja los recorridos nocturnos.