El entonces secretario de Acción Social de la CGT, Armando Cavalieri, trajo el mandato de la central obrera. Había acuerdo. La entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, puso en marcha su proyecto para que el Estado compre los medicamentos de alta complejidad –como los recetados contra el cáncer, VIH y hemofilia– y abastecer a las obras sociales. Era 2008.

“Empecemos con las drogas para hemofílicos”, propuso la ministra. La decisión molestó en Camioneros, y Hugo Moyano se presentó en su despacho junto al director médico de su obra social, Oscar D’Onofrio. Entonces no hubo acuerdo. El argumento del gremialista fue que, con ese sistema, los medicamentos saldrían más caros, pero la ministra sospechaba que en realidad no quería perder el control de “la caja”.

Ocaña había tomado la decisión luego de recibir un informe que afirmaba que el 20 por ciento de los expedientes presentados por los gremios ante el Estado incluían troqueles falsos, es decir que cobraban reintegros por medicamento que no entregaban. Si el Estado comprara los medicamentos, el negocio de los expedientes falsos se terminaría, creyó Ocaña. Un llamado al ex presidente Néstor Kirchner ayudó a Moyano a desactivar el proyecto. Así nació la guerra entre Ocaña y el camionero, que terminó con la renuncia de la funcionaria.

Tres años después, en medio de la tensión entre la presidenta Cristina Kirchner y Moyano, el Gobierno volvió a estudiar la medida para que las obras sociales ya no compraran medicamentos. Pero PERFIL confirmó esta semana que el Gobierno decidió dar marcha atrás con la reforma, eliminando así un foco más de tensión con el líder de la CGT.

“El sistema de seguridad social presta servicios a 19 millones de personas. Si el APE –Administración de Programas Especiales– tuviera que comprar los medicamentos de alta complejidad para todos sería un sistema poco operativo, de imposibilidades prácticas. Imagínese los problemas de logística para enviar a las provincias los medicamentos. La medida se estudió, pero los técnicos la rechazaron por estas cuestiones”, confió a PERFIL una alta fuente del Ministerio de Salud.

El Gobierno descartó la medida, pero prepara una serie de resoluciones desde la Superintendencia de Salud, a cargo del contador Ricardo Bellagio, que buscan cambiar el esquema de poder financiero de muchas obras sociales, en particular, la del Sindicato de Camioneros. Además de instrumentar el sistema de trazabilidad de medicamentos (ver página 11), se prohibirá que los presidentes de esas entidades médicas –que suelen ser los secretarios generales de los gremios– contraten a empresas proveedoras de su propiedad o de sus concubinas o familiares, como adelantaron PERFIL y Ambito Financiero en marzo. Esta resolución anula por completo el esquema de negocios de Moyano y su esposa, Liliana Zulet, que poseen varias proveedoras de la obra social camionera.

También obligarán a las obras sociales a licitar sus contrataciones según los montos que impliquen y se estudia cómo se sancionará a quienes no cumplan.

Para Ocaña, “cedieron” ante el camionero

La ex ministra Graciela Ocaña dijo ayer a PERFIL que el Gobierno, “ante la solución correcta, que era sacar el negocio de los medicamentos a los gremios, decidió ceder ante Moyano”. En el Ministerio de Salud, en cambio, creen que “el problema que generan los troqueles truchos y la estafa al Estado para la que son utilizados son un problema secundario. Creemos que es más urgente controlar si los remedios que llegan a los pacientes son genuinos aplicando el sistema de trazabilidad”, aseguran.

“Como está el APE no puede seguir. Tienen que cambiarlo”, evaluó uno de los dirigentes de los “gordos”, los gremios que ostentan las obras sociales con más afiliados. “La trazabilidad va a ayudar a mejorar y transparentar el sistema, pero acá lo que necesitamos es plata. Estamos desfinanciados porque el APE no paga los reintegros. Muchas obras sociales pidieron el año pasado préstamos a los sindicatos para poder darlas prestaciones”, agregó el sindicalista.