En la sesión de ayer del Concejo Deliberante, con consenso de todos los bloques políticos, se elevó un decreto para rechazar el expediente y se pidió al Ejecutivo que inspeccionen el boliche en cuestión y todos los locales nocturnos, cuyo funcionamiento vaya contra la ordenanza 19.789, que prohíbe la habilitación de aquellos lugares donde se promueva la prostitución.

Verónica Beresiarte (FpV) abrió el debate en una cuestión previa. Si bien el oficialismo se había encargado de emitir en la noche del miércoles un comunicado anunciando una “reconsideración” del pedido de habilitación, no había llegado ninguna notificación oficial al Concejo.

La edil hizo mención al expediente y al bar nocturno, “donde se ha constatado situaciones de trata aberrantes”. “Se pide la aprobación de uso de suelo, lo que quiere decir que este lugar viene funcionando desde hace mucho tiempo en una situación de precariedad”, comprendió en primera instancia.

“Que ingrese un expediente de este tenor, casi parece una provocación al trabajo realizado por la mesa permanente contra la trata de personas. Tiene que ver con el desconocimiento de lo que nosotros venimos planteando”, señaló.

La mesa de trata trabajó en dos ordenanzas que fueron promulgadas hace dos meses. Recién ayer, después del escándalo que cobró trascendencia pública, anunciaron que se estaba trabajando en su reglamentación.

En el mismo sentido se expresaron ediles de casi todas las bancadas. Y se sumaron críticas al secretario de Planeamiento, José Luis Castorina, a quien pidieron que dé un paso al costado.

“Es un secretario que es noticia todas las semanas. Cuando no matan a un tipo que se le cae una herramienta en la cabeza, se le rompe la luneta de un auto a otro, y ahora quiere habilitar cabarets en la ciudad”, disparó Diego Garciarena, del Frente Nacional y Popular.

Carlos Arroyo (Frente es Posible) fue el único que reparó en la falta de personal y recursos que tiene Inspección General –encargado de hacer cumplir la ordenanza 19.789- y consideró “injusto” responsabilizar al intendente. José Cano (Autonomía Municipal) le respondió que el Ejecutivo puede establecer prioridades y si el combate contra la trata fuera una de ellas, entonces los recursos estarían.