El Gobierno dará a conocer en las próximas semanas dos resoluciones que buscan desmantelar los negocios y el poder económico de algunos de los sindicalistas más poderosos, entre ellos el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Pondrá tope así al poderío que los sindicatos acumulan a través de su columna vertebral, las obras sociales.

La Superintendencia de Servicios de Salud –el organismo encargado de regular y controlar a las obras sociales–, dirigida por el contador Ricardo Bellagio, elabora los borradores para anular cualquier posibilidad de que los sindicalistas se enriquezcan a través de sus propias obras sociales y establece una serie de prohibiciones, deberes e incompatibilidades para las autoridades, síndicos y auditores de esas instituciones. Se analiza si las resoluciones saldrán por decreto, es decir, si serán rubricadas por la Presidenta.

Entre los puntos más sensibles, se prohibirá que los presidentes de esas entidades médicas –que suelen ser los secretarios generales de los gremios– contraten a empresas proveedoras de su propiedad o de sus concubinas o familiares. Esta resolución anula por completo el esquema de negocios de Moyano y el holding de empresas de su esposa, Liliana Zulet, y su hijastra, Valeria Salerno, que nuclea a varias proveedoras de Oschoca, la obra social de choferes de camiones. La nueva medida –mencionada por Ambito Financiero– incluye prohibir que contraten a sus propias empresas de salud, como gerenciadoras, proveedoras de medicamentos o prótesis y otros insumos y servicios.

La ofensiva se da a sólo días de las primeras paritarias y en un año en el que la CGT exigirá lugares en las listas del Justicialismo. La alianza con el moyanismo entró en una fase de mayor tensión desde la muerte de Néstor Kirchner, porque Cristina mantiene un trato distante con Moyano. Esta semana no fue buena para ese vínculo: la Presidenta eludió reducir el mínimo no imponible de Ganancias, y además retó al sindicalismo por las medidas de fuerza que realiza.

La Superintendencia, un organismo que depende directamente del Ministerio de Salud, estudia prohibir que los sindicalistas gerencien, administren o dirijan más de una obra social, como se da en los casos de los dirigentes que presiden la obra social de un distrito de su gremio y la de la federación de su sindicato. Con esto, busca coartar el poder económico de algunos dirigentes y evitar que monopolicen el manejo de los fondos de sus afiliados.

También obligarán a las obras sociales a licitar sus contrataciones según los montos que impliquen y se estudia cómo se sancionará a quienes no cumplan con los nuevos reglamentos. Además, prohíbe la creación de fideicomisos, que, como en el caso de La Bancaria, permiten a los presidentes de las obras sociales manejar las finanzas a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Los fideicomisos que ya están vigentes seguirán operando hasta su vencimiento y no podrán renovarse.

Las medidas están basadas en la ley colombiana que regula los servicios de salud. Ante el riesgo de que algunos sindicalistas que se vean obligados a desmantelar sus propias empresas formen nuevas sociedades anónimas con testaferros, para sostener sus negocios, en Gobierno aseguran que “primero hay que regular para prohibir y después controlar qué hacen y cómo lo hacen”.

Desde diciembre, la Superintendencia está aplicando un nuevo régimen de sanciones con multas de hasta más de 100 mil pesos para cuando las obras sociales y sus proveedores no cumplan con sus funciones, como no proveer medicamentos y servicios a sus afiliados o generar un déficit financiero que ponga en peligro la prestación médica. Sólo en el mes de enero se aplicaron 50 multas y dos suspensiones a distintas obras sociales.

Pero actualmente, se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones que excedan lo monetario, como inhabilitar a las empresas a ser proveedoras de cualquier obra social o incluso inhabilitar a las autoridades de las obra social.

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Los negocios de los Moyano

No es el único, pero Hugo Moyano es un ejemplo de cómo hacer negocios con la obra social de sus afiliados. Su esposa, la empresaria Liliana Zulet, y su hijastra, Valeria Salerno –hija del primer matrimonio de Zulet–, junto a otros familiares, conforman el holding de compañías proveedoras de la obra social Oschoca y del Sindicato de Choferes de Camiones.

Como viene revelando PERFIL desde 2006, Zulet administra la gerenciadora de la obra social, Iarai SA, la constructora de la obra social y del Sindicato de Camioneros, Aconra SA, la empresa de seguridad privada Las Marías, y el taller de ropa de trabajo Dixei, que provee a sanatorios y hoteles del gremio.

Los Moyano también cuentan con una aseguradora y una ART, Asegurando Caminos, a nombre de Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio.

Según datos de la Inspección General de Justicia, el holding dio unos 13 millones de pesos de ganancia entre 2004 y 2008. Sólo a través de Iarai SA, la empresa que ahora podría jaquear la nueva resolución del Gobierno, el matrimonio Moyano-Zulet percibió más de 6,2 millones de pesos en un año. A través de esta empresa, Zulet gerencia la administración de los sanatorios y geriátricos de Oschoca.

La constructora Aconra SA, que refacciona y construye sanatorios y hoteles de Camioneros, reportó ganancias por casi 4,2 millones de pesos.

Dixei, en tanto, tuvo 2,3 millones de pesos de ganancias en un año. Sin dudas, los números revelan que el principal negocio del holding es Iarai.