Desde hace algunas semanas se viene dando en Argentina un intenso debate respecto al control de precios, sobre todo de productos que se comercializan en supermercados, más precisamente por medio de su congelamiento. La iniciativa de que por un determinado tiempo no haya modificaciones en los costos de ciertos productos llegó también a los medicamentos en general. En torno a eso hubo muchos puntos de vista y también discusiones, acerca de si se deben considerar los remedios como un bien social.
Si bien este es un debate que en el país está instalado desde hace muchos años, es una realidad que durante la pandemia por el coronavirus tomó fuerza una vez más. Quienes están a favor de dictar una ley que dictamine que los medicamentos son bienes sociales, esgrimen que durante las medidas sanitarias que estuvieron vigentes principalmente en el 2020, todas las medicinas subieron exponencialmente sus precios, o lo mismo que el oxígeno, algunas veces sin razón alguna.
Lo que afirman los funcionarios que se encuentran trabajando en este proyecto de ley, afirman que cuando los medicamentos suben sus precios, sin dudas que hay muchas personas que no pueden adquirirlos, sobretodo los sectores más bajos, y por lo tanto, se prohíbe de manera directa el acceso a una salud de calidad por parte de la población. Además de eso, expresan que un riesgo claro que se puede correr es que por diversas razones se pueden formar monopolios, por lo que el Estado quedaría en una situación de desventaja, más aún cuando por medio del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) o mediante las obras sociales, debe asegurarle a todos los ciudadanos un acceso equitativo al sistema de salud.
Más allá de que los casos de Covid 19 se encuentran en los últimos días en constante baja, algo que es muy positivo para el país, no se puede negar de acuerdo a lo que opinan los especialistas, que el sistema público de salud argentino está en una complicada situación. A razón de eso es que cada vez más personas a través de los diferentes planes de salud, se vuelcan al sistema privado de salud (o a las obras sociales directamente), algo que si bien no es malo, muestra que centros cien por ciento públicos no están dando las respuestas adecuadas o no pueden cubrir la demanda de manera pertinente.
Desde el Gobierno Nacional, con apoyo claro de ciertas provincias, estiman que si bien la cuestión de los precios de medicamentos se debe discutir con suma urgencia, también sostienen que es necesario a la brevedad comenzar a pensar en una reforma integral del sistema de salud del país, en donde haya muchos cambios, pero que estos finalmente lleven a que se garantice en todos los aspectos el acceso equitativo a remedios, atención, entre otras prestaciones. A tales fines, desde el Ministerio de Salud ya se están realizando numerosas reuniones con distintos actores del sector como es el caso de PAMI o de ciertas cámaras como es CAEMe, CiLFA y Cooperala, entre otras.
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