USHUAIA.- El Superior Tribunal de Justicia citó al Gobierno y a los intendentes, para este lunes a las 10:00, de manera que sean precisos sobre el alcance que tiene el «Documento Río Grande» y si el mismo tiene la voluntad de que el proceso sea suspendido, evitando un pronunciamiento judicial que es casi inminente, de acuerdo a lo que se dejó entrever en el máximo órgano judicial.

La audiencia del lunes se cumplirá a solicitud del Fiscal ante la Corte, doctor Oscar Fappiano, y luego de la decisión que adoptó la doctora María del Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal, suspendiendo los plazos procesales y dejando de esa manera en un «freezer» cualquier pronunciamiento judicial.

La nueva cuestión que surgió en torno a la ley 648 y su interpretación, fue ante la posición que adoptó el Gobierno, conocida a través del Jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, quien ratificó que la causa debe seguir el carril judicial y que los Jueces del Superior Tribunal deben emitir un dictamen sobre como se debe interpretar la aplicación de la ley que habla del presupuesto mínimo para educación; más allá del documento que sellaron las partes.

Lo que dijo Aramburu, no fue compartido por los intendentes, ya que en Río Grande, Gustavo Melella entendió que se estaba acordando una salida política al asunto, evitando que la Justicia lo resuelva. Por su parte, Federico Sciurano, en Ushuaia, consideró y avaló como acertada la decisión de la doctora María del Carmen Battaini de suspender los plazos procesales, para dar lugar a un acuerdo en el marco político.

Voluntad expresa

En la audiencia de este lunes, tanto los intendentes como el Gobierno, deberá dar una expresa claridad sobre lo que se busca con el acuerdo que se firmó en el despacho de Gustavo Melella el lunes 12 de noviembre, ya que de ello dependerá que los integrantes del Superior Tribunal emitan fallo en los plazos previstos y suspendan cualquier pronunciamiento.

La voluntad de los intendentes quedó clara públicamente, luego de conocido el «Documento Río Grande», ya que tanto Melella como Sciurano coincidieron en que las actuaciones no sigan su curso y que la discusión sobre la distribución de la coparticipación, en relación a la ley 648, sea resuelta en términos políticos.

Sin embargo, el Gobierno no comparte lo que expresaron los mandatarios comunales y entiende que hubo una «errónea interpretación» de lo que se firmó, ya que en ninguno de los puntos se indica con claridad y expresamente que se pediría al Superior Tribunal que se suspendan los plazos de la causa o, en su defecto, que la demanda se retiraría por voluntad del Ejecutivo Provincial.

En los medios de comunicación, Guillermo Aramburu fue muy claro al señalar que el acta política no es un instrumento que se deba tomar en cuenta en el proceso de la causa y, por lo tanto, no existe ningún elemento por el cual el Superior Tribunal deba desistir de seguir adelante con la redacción de una sentencia.