En un trámite discreto y que duró apenas media hora, tras casi tres meses de peleas públicas y amenazas cruzadas, el Gobierno y el Grupo Techint pactaron ayer sacar de Tribunales el conflicto por los directores que aspira a nombrar la ANSES y los dividendos que busca cobrar el Estado de Siderar, la fábrica de aceros planos del holding.

De común acuerdo, ambas partes pidieron a la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial una “postergación” de la audiencia de conciliación que había sido convocada para ayer, que acordaron diferir hasta el 3 de agosto, después de la feria judicial.

En los hechos, la movida implica correr a la Justicia del medio y allanar el camino para que la paz termine de sellarse en la asamblea de accionistas prevista para el 21 de julio.

El pacto, cuyos detalles todavía se negocian en secreto entre ministros del Gabinete y ejecutivos del mayor grupo industrial del país, incluye la designación de Axel Kicillof como director de Siderar, lo cual inicialmente había sido rechazado de plano por la compañía.

Según las fuentes oficiales y empresariales consultadas por BAE, los temas que seguirán negociándose en los próximos días son dos:
Los nombres de los otros dos directores que le corresponden al Estado en función del 25,97% de las acciones que acumula en Siderar, heredadas de las AFJP. En total, las sillas son once.

El monto que se repartirá en dividendos. El Gobierno pretende discutir sobre la base de los $6.440 millones acumulados en los últimos ejercicios, pero la empresa sostiene que el dinero ya fue invertido en ampliar las plantas locales y en expandir sus operaciones en México y Brasil.

En la asamblea de la discordia, el 15 de abril último, la ANSES rechazó la distribución de $1.511 millones que propusieron los controlantes privados, por considerarla insuficiente. Ayer, los abogados de la ANSES y de Techint subieron puntualmente a las 11 al 5º piso del juzgado comercial de Diagonal Norte y Lavalle. Los del Estado fueron encabezados por la gerenta de Asuntos Legales de la ANSES, María José Van Morlegan, y los de Techint coordinados por su jefe patrocinante, Horacio De las Carreras.

En total los letrados eran una docena. La audiencia de conciliación comenzó cerca de las 11.30 y terminó antes del mediodía. Al salir, los representantes del Estado no ocultaban cierta sorpresa porque la empresa hubiera “acatado todo” sin oponer resistencia a que se estiren los plazos.

El grupo siderúrgico de la familia Rocca había recurrido en mayo a la Justicia para que declarase inconstitucional el decreto 441/2011. La norma eliminó un tope que sólo permitía a la ANSES ejercer los derechos políticos correspondientes al 5% de las acciones, aunque tuviera más. Cerca del jefe de la ANSES, Diego Bossio, reina el triunfalismo.

“La empresa se quedó muy sola y quiere acordar. Nosotros vamos a ejercer todos los derechos que emergen del decreto 441. Queremos saber dónde van esos dividendos y queremos los directores que nos corresponden por las acciones”, disparó un estrecho colaborador del funcionario.

Después de haber tocado un piso a mediados de junio, la acción de Siderar subió un 22% en menos de un mes, pero un 7,5% corresponde a la última semana, cuando los rumores de acuerdo comenzaron a recorrer el mercado. El optimismo de la city tiene sus razones.

El “acuerdo amplio” al que aspira Techint incluye que el Gobierno le garantice a la compañía que participará en la construcción del megagasoducto a Bolivia.