El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron ayer el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz, que garantizará la aplicación de justicia para guerrilleros y militares y abrirá la puerta a una reconciliación efectiva entre las partes, tras más de 50 años de conflicto. Con la firma de este acuerdo clave sobre las víctimas del conflicto armado se alcanzaron cuatro de los cinco puntos de la agenda inicial de las negociaciones entre los representantes del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla, que se celebran desde hace tres años.

"No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad", anunció ayer el jefe de la delegación oficial, Humberto de La Calle. El funcionario indicó además que las penas máximas de cárcel podrían llegar a los 20 años para los implicados en el conflicto que no reconozcan los hechos ni colaboren para su esclarecimiento, sean rebeldes o militares.

Las partes acordaron lo que llamaron "un sistema integral" de cinco aspectos principales: una comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos; un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto.

El punto cinco, el más polémico, el de la creación de una jurisdicción especial para la paz, tendrá carácter jurídico y se encargará de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos y aplicar sentencias efectivas, explicaron las partes.

En la emotiva ceremonia, de la que participaron algunas víctimas del conflicto, se mantuvo un minuto de silencio y se prendieron velas. "Hoy (por ayer) reivindicamos nuestra dignidad", dijo Jineth Bedoya, quien habló en nombre de las víctimas y reveló que habían recibido amenazas aún sin investigación por haber asistido a las conversaciones en la capital cubana.

Para el mandatario colombiano, que ayer participó del acto de instalación del cuarto gabinete binacional entre Colombia y Ecuador, dijo a su homólogo Rafael Correa que el acuerdo constituye "un paso fundamental de avance" para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

"Hoy (por ayer) se anunció un acuerdo sobre todo el punto, incluyendo el de justicia que era el más difícil en cualquier proceso de paz, donde trazar una línea siempre ha sido el tema más complejo", agregó el mandatario.

Cerrar el punto de las víctimas supone además agilizar el acuerdo que Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", sellaron el 23 de septiembre sobre la justicia.

De La Calle dijo que habrá diferentes grados de restricción de derecho para aquellos que aporten elementos en la investigación que realizará el Tribunal Especial para la Paz, que juzgará a los actores del conflicto y al que podrán ir los guerrilleros, militares, paramilitares y hasta empresarios que hayan financiado el conflicto.

Según el negociador oficial, también se prevé una amnistía para casos sólo del delito de rebeldía, pero que jamás se aplicará para crímenes de lesa humanidad u otros como toma de rehenes o reclutamiento de menores.

El Tribunal estará conformado por unos 40 jueces, el 80% colombianos y un 20% extranjeros. Tendrá cuatro secciones: reconocimiento y verdad, enjuiciamiento, apelación y revisión de sentencia; y tres salas de justicia: verdad y reconocimiento de responsabilidades, amnistía e indulto y definición de la situación jurídica.

Las partes ya habían llegado a un acuerdo respecto de tres puntos: los problemas agrarios, la participación política y el combate al narcotráfico.