El Gobierno exige soluciones políticas

Estuvo en contacto con Barrionuevo y Fellner; analizan enviar fondos adicionales para obras
En medio de la crisis social por la toma de tierras en Jujuy, la Casa Rosada tomó contacto con el gobierno provincial de Walter Barrionuevo para exigirle, en medio de una fuerte tensión, que la provincia debe facilitar "una solución política y garantizar un lote para cada familia" antes de que el Estado nacional intervenga con recursos nacionales.

Además, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se comunicó con al candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Eduardo Fellner, que al mediodía había afirmado que "en la provincia hay caos". Esas declaraciones causaron seria preocupación en la residencia presidencial de Olivos.

Tras una larga conversación con Randazzo, Fellner desmintió públicamente haber pronunciado esa frase y aseguró que sus declaraciones fueron "malinterpretadas, tergiversadas y descontextualizadas".

En la Casa Rosada aseguraron a LA NACION que "Fellner le negó a Randazzo haber dicho que había caos". Randazzo también actuó como nexo con Barrionuevo. El ministro del Interior, a la vez, mantuvo informada a la Presidenta de todas sus conversaciones.

La estrategia y las directivas de la jefa del Estado se orientaron a despegar a la Casa Rosada del creciente estado de convulsión que reinaba en Jujuy, superar la crisis social y ponerle presión a Barrionuevo para que disponga "una solución política local". Sólo entonces podría intervenir el Estado nacional.

La posible intervención del ministro de Planificación, Julio De Vido, con el giro de recursos nacionales y programas de viviendas, se analizará sólo en una segunda etapa.

"En algún momento habrá ayuda nacional, pero lo primero es ordenar la crisis social", aseguraron los voceros del Gobierno.

El mayor temor en el Gobierno radica en que la crisis social jujeña tenga costos electorales en las primarias abiertas y simultáneas que se harán el domingo 14. Cristina Kirchner pondrá en juego allí su reelección.

La preocupación oficial se originó hace una semana, cuando la policía provincial reprimió la toma de tierras de 500 familias de la Corriente Clasista y Combativa en terrenos del Ingenio Ledesma. El operativo de desalojo terminó con cuatro muertos y decenas de heridos.

"Lo primero es que Barrionuevo negocie ahora con las familias que toman tierras y que garantice un plan de loteo que dé certeza para que haya un lote por familia", dijo a LA NACION un funcionario oficial. Ese fraccionamiento debería surgir del plan de expropiación de 40 hectáreas de tierras que dispuso la Legislatura jujeña por impulso de Barrionuevo.

"La Nacion podrá actuar después, con programas de vivienda, que no son de un día para otro", señaló otra fuente. En el Gobierno preocupa el crecimiento de la protesta. Se estima que el número de familias que comenzaron la protesta, unas 500, hoy se multiplicó por tres.

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