El canciller Jorge Taiana caminaba por el antedespacho presidencial, en el primer piso de la Casa Rosada, con el teléfono celular pegado a su oreja derecha. Iba de un lado al otro del largo pasillo que conecta el área más privada del palacio gubernamental, a la espera de hablar con Cristina Kirchner sobre el desenlace que la asamblea ambiental de Gualeguaychú le daría momentáneamente al corte de ruta. Llegó a las 19.30 y se fue apenas pasadas las 22.

En el Gobierno existía anoche un clima de calma y expectativa. Algunos funcionarios preferían directamente el silencio. Otros elegían la palabra "optimismo" para graficar el estado de ánimo ante la decisión de los ambientalistas.

Como gesto de buena predisposición, el Gobierno podría rever en las próximas horas la estrategia judicial que emprendió la semana pasada contra los asambleístas. Una de las posibilidades es que no presentarían más pruebas, como había prometido el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, ni tampoco ampliar la cantidad de personas denunciadas en Concepción del Uruguay.

Desde que se conoció la posibilidad de que los manifestantes, que mantienen el corte del puente internacional General San Martín desde hace tres años y medio, analizaban flexibilizar la medida, la Casa Rosada esperó en silencio para no provocar ninguna reacción que complicara el escenario. Sólo continuaron con los pasos legales y formales de la querella que había presentado el Gobierno contra un grupo de asambleístas por casi una veintena de delitos, pero no hubo declaraciones públicas.

Ayer, mientras se acercaba el horario de comienzo de la asamblea, en el despacho presidencial comenzaron a congregarse los funcionarios para seguir junto con Cristina Kirchner las novedades. Además de Taiana, que llegó a las 19.30 a Balcarce 50 y esperó paciente a que la Presidenta terminara una audiencia con representantes de la Bolsa de Comercio, también estuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y de a ratos se sumó el secretario legal y técnica, Carlos Zannini, para ver por televisión el comienzo de la votación.

La jefa del Estado había recibido con expectativa la posibilidad de la tregua planteada por el núcleo más resistente de la asamblea, y consideraba, en reserva, que la estrategia de judicializar la protesta había provocado un desgaste que ya estaban pagando los manifestantes.

Anoche, de todos modos, cuando se escucharon varias críticas al Gobierno de los manifestantes, que eran transmitidas en vivo, en el Gobierno optaron por guardar silencio, pero mostraron en reserva malestar por los cuestionamientos.

Más allá de las duras críticas que surgieron en las últimas horas en la asamblea, desde la Casa Rosada sostenían que la postura que reclamaban los ambientalistas de exigirle a Uruguay que permita el ingreso en la planta de UPM (ex Botnia) para realizar desde allí el monitoreo conjunto de la pastera, tal como ordenó el fallo de la Corte Internacional de La Haya, no estaba fuera de lo previsto. "Es el planteo que nosotros llevamos a la reunión de Anchorena", recordó una fuente diplomática sobre el último encuentro entre Cristina Kirchner y José Mujica en la residencia de descanso de la localidad de Colonia.

De hecho, ante la falta de acuerdo en aquella reunión, ambos mandatarios firmaron un compromiso para que en 60 días se determinen el método y el modo en que se hará el monitoreo ambiental.

La Casa Rosada impulsó esa vigilancia a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), cuyos equipos técnicos, integrados por especialistas de los dos países, se reunirá en una semana. Para la Presidenta, el control en el interior de la planta es una obligación que se desprende del fallo de La Haya y que, por lo tanto, se debe cumplir.