El Gobierno pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley cordobesa por la cual se aplica una tasa adicional al precio de los combustibles y reclamó a otras jurisdicciones, entre las que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, que se abstengan de llevar adelante una medida similar, por considerarla ilegal.

La demanda fue presentada esta mañana, a través de la Procuración del Tesoro, junto con un pedido de "no innovar" para que se suspenda la aplicación de la tasa en la provincia mediterránea, que rige desde agosto con el objeto de financiar obras viales, según lo indicó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

Lorenzino brindó una conferencia de prensa junto con los secretarios de Política Económica, Axel Kicillof, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, en donde sostuvo que la aplicación de esa tasa, a la que consideró como un verdadero impuesto, "es ilegal, inconstitucional y atenta contra la relación Nación-provincias".

El titular del Palacio de Hacienda señaló que "la ley (cordobesa 10.081) creó supuestamente una tasa vial provincial, que creemos que esconde lisa y llanamente un impuesto que, además de ser ilegal, tiene un impacto económico regresivo e impacta en el bolsillo de cordobeses".

Tras admitir que la demanda presentada busca también "desincentivar" que otros distritos apliquen una medida similar a la de Córdoba, el jefe de la cartera económica criticó al gobernador de esa provincia, José Manuel de la Sota, por tomar "medidas de ajuste de otras épocas".

El de Córdoba "es un impuesto ilegal porque esta supuesta tasa está en contradicción con la Constitución Nacional , y es contraria al régimen de coparticipación de impuestos e incumple en algún aspecto la ley de soberanía hidrocarburífera entre otras normas", planteó Lorenzino, quien destacó que si las provincias van en contra de lo que marca la ley "esto implicaría una anarquía fiscal".

El funcionario adelantó que en caso de que la legislatura porteña apruebe el incremento a los combustibles en esa jurisdicción, para financiar el traspaso del subterráneo, "también será pasible" de una presentación ante la Corte Suprema.

"Apelamos a que la Ciudad tome en consideración los argumentos" esgrimidos en la presentación contra Córdoba, y "en el caso de que esto no sea suficiente, evidentemente (Capital Federal) sería también pasible de una presentación como la que hemos hecho hoy" porque "la ilegalidad es la misma, los perjuicios económicos son los mismos, y detrás está lo mismo: En vez de hacer los esfuerzos y cobrarles a los que más tienen, se le cobra lo mismo al que tiene una motito y al que tiene un Mercedes Benz último modelo".

Para Lorenzino, "estas políticas son típicas de las recetas de ajuste y van en contra del sostenimiento de la competitividad", además de constituir "un caso de doble imposición", ya que "este impuesto se superpone con otros ya existentes".

Tras acusar a Córdoba de incumplir "pactos específicos, como el Pacto Fiscal II, en donde las provincia acordaron derogar impuestos específicos que graven el gas, la energía eléctrica y los combustibles", Lorenzino criticó a De la Sota por "hablar mal de los argentinos en el exterior" y decir que "la Argentina no cumple las leyes".

También destacó que las transferencias fiscales a Córdoba crecieron un 578 por ciento, hasta alcanzar los 69.521 millones de pesos entre 2003 y junio de 2012, en tanto que los recursos por coparticipación se incrementaron de 1.656 millones de pesos en 2003 a 11.725 millones de pesos en 2011.

Por su parte, Kicillof afirmó que "es mentira que el gobierno nacional ahogue a las provincias", ya que "les gira cada vez más fondos, porque la apuesta grande es a la industrialización, el crecimiento con inclusión social y de la infraestructura".

El viceministro de Economía acusó a Córdoba de tener "incapacidad recaudatoria", lo que hace que busque "un impuesto fácil de cobrar" para hacer frente a problemas fiscales.

"Lo que no ha hecho su ente de recaudación, ahora quieren que lo hagan las estaciones de servicios", se quejó Kicillof, quien advirtió que mientras la Nación mejoró "un 25 por ciento" su capacidad recaudatoria desde 2003, en tanto que las provincias en su conjunto lo hicieron en un "4,4 por ciento".