Estrategia. Garré conversó sobre la nueva política con funcionarios de seguridad provinciales.

La transformación de la política de seguridad que impulsa la ministra Nilda Garré es más profunda de lo que creen algunos integrantes del Gabinete. Ahora la directiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “controlar la protesta social”, evitar las tomas, los acampes y hasta los piquetes.

En su despacho, la Presidenta habla de “controlar de manera inteligente” las protestas sociales y “evitar cualquier tipo de desborde”. Garré ya puso en marcha el plan, bajó línea a las fuerzas a su cargo e hizo firmar a los ministros de Seguridad de las provincias un “acta-acuerdo”, una suerte de protocolo para el uso del poder del Estado para desarticular las manifestaciones públicas.

Todo indica que lo que no está firmado forma parte de un acuerdo tácito. Todos tendrán participación, desde la Policía Federal hasta la Secretaría de Inteligencia. El Gobierno buscará garantizar el control del tránsito, pero princpalmente impedir protestas violentas con ingredientes políticos.

La estrategia es “actuar con la máxima rapidez”, explicó a PERFIL un funcionario de la cartera de Seguridad que prefirió mantener su nombre en reserva. El procedimiento, a grandes rasgos, está resumido en tres pasos: “Primero ver cuál es el conflicto; segundo, determinar quiénes son los actores principales; tercero, detectar los potenciales actores desestabilizadores, y por último negociar para solucionar el conflicto”.

Un funcionario político será el encargado de solucionar el conflicto y las fuerza policiales tendrán una intervención progresiva. La presencia de los uniformados será preventiva y con el fin de “evitar el desborde”. Nadie está autorizado a portar armas de fuego, aunque en la zona “habrá un grupo especial” listo para entrar en acción como último recurso.

La protesta social no será reprimida, pero sí controlada. En el Ministerio de Seguridad aseguran que la Presidenta “no quiere ver más las imagenes que se vieron cuando se quemaron los trenes” y, en consecuencia, “hay que tomar medidas preventivas para desarticular ese tipo de protestas, que esconden un fin político y desestabilizante detrás de una protesta que seguramente es legítima”.

La primera vez que se tocó el tema fue el pasado 29 de marzo, durante una reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI), que reúne a todos los ministros del país de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales. Allí la cuestión de la “protesta social” se coló en el debate sobre la implementación de protocolos comunes para el combate de los delitos más complejos de la agenda de seguridad: trata de personas, narcotráfico, preservación de la escena del crimen y evaluación psicológica de postulantes a policías, entre otros.

Durante el encuentro, Garré destacó que el modelo de gestión que impulsa está “centrado en la modernización de las prácticas y medios de las fuerzas de seguridad y la mejora del nivel profesional de los efectivos en materia de capacitación”. Además, instó a sus pares provinciales a “mejorar la conectividad entre las fuerzas policiales” para aumentar el intercambio de información con fines estadísticos y de análisis criminal.

El pasado martes, Garré se reunió con los ministros de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia de Salta, Pablo Kosiner, y de Gobierno y Justicia de la provincia de Jujuy, Pablo La Villa, con quienes analizó el avance del programa de control del espacio aéreo implementado por el gobierno nacional. Pero también habló sobre la inquietud que hay en la Casa Rosada por el aumento de las protestas sociales en un año electoral.