Avila fue condenado por un delito de corrupción el 17 de marzo de 2005. La Cámara en lo Criminal 1 lo halló culpable de peculado, o sustracción de caudales públicos, y le dio tres años de prisión en suspenso. Además lo multó en 30.000 pesos y lo inhabilitó en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo quedó firme al ser ratificado a fines de 2007 por la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué hizo el ex funcionario para ser condenado? Entre 1996 y 1997 recibió en 13 ocasiones subsidios legislativos de la entonces diputada provincial del justicialismo, Cristina Maisonnave -ex intendenta achense- y no ingresó esos fondos a las arcas municipales.

El STJ, en su resolución del 7 de mayo de 2007, dijo que Avila percibió "los caudales públicos, en razón de su cargo, para realizar tareas de la Municipalidad relacionadas con el área de Acción Social", pero que quedó documentado que "las sumas no fueron ingresadas al erario municipal". En esa época cada diputados recibía 2.500 pesos mensuales en subsidios. "La distracción de las sumas de dinero de las arcas municipales conforma la sustracción que señala el delito de peculado ", manifestaron los ministros Víctor Menéndez y Rosa Vázquez en el texto.

Hace una semana.

El indulto es una gracia de carácter constitucional por la cual el gobernador puede perdonar total o parcialmente una pena. En este caso, el perdón de Jorge debería ser parcial y referirse exclusivamente a la inhabilitación perpetua, ya que la otra parte de la pena (los tres años en suspenso) fue cumplida.

- ¿Tiene a la firma el indulto a Avila?, se le preguntó a Jorge.

- No. Lo que voy a hacer lo sé yo y mi almohada. Hay cosas que ver. No digo nada. Cuando tome una decisión sobre determinado tema, lo comunicaré.

El mandatario agregó que "el tema del indulto es muy particular en nuestra Constitución" y que puede otorgarse "en determinadas condiciones. Estoy hablando de procedimientos, de qué debe hacerse cuando una persona pide el indulto", remarcó.

- La facultad de indultar la tiene usted, como gobernador.

- Sí, pero (el beneficio) debe concederse bajo determinadas condiciones que tienen que pasar por la justicia.

- ¿Ese informe de la justicia es vinculante?

- En la Constitución pasa a ser una forma vinculante, eso es lo que justamente diferencia a nuestra Constitución del resto, que limita al indulto fuertemente ya que necesita pasar por la justicia.

En realidad es así: el inciso 10º del artículo 81º facultar al gobernador a "indultar o conmutar las penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo informe favorable del Superior Tribunal de Justicia; excepto en los casos de delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al procedimiento del juicio político o del jurado de enjuiciamiento".

El pedido es personal y se tramita a través del Ministerio de Gobierno y Justicia. De allí es enviado al STJ y éste le da vista a la Procuración General. Vuelve al STJ y el tribunal emite un dictamen al Poder Ejecutivo.

En este caso Avila solicitó a Jorge que lo indulte y su solicitud recibió informes favorables de la Procuración y del STJ. "Cada caso se analiza en forma particular. Cuál es la situación del imputado, si cumplió con la condena, qué delito cometió, bajo qué circunstancias y cuál fue su conducta posterior al hecho, entre otros aspectos", detallaron fuentes oficiales con acceso al expediente. Y acotaron un detalle que no es menor: el dictamen del Superior Tribunal de Justicia llegó al Ejecutivo "hace una semana". No es menor porque Avila, una de las últimas veces que habló públicamente del tema, afirmó que las candidaturas del PJ de Acha se definirían en marzo, y él está anotado en la carrera para volver a ser intendente.

Esto significa que si el STJ hubiera emitido un informe desfavorable, Jorge no podría haber avanzando con el requerimiento; pero con el okey en su despacho, el perdón a la inhabilitación de por vida quedó en sus manos. El, y sólo él, será en definitiva quien le levante o le baje el pulgar a Avila, quien en el largo proceso fue defendido por la hoy jueza Laura Armagno.

De Marín a Verna.

Avila ya fue tres veces intendente y antes había sido presidente de la comisión de fomento de Quehué. Cumplió el primer mandato (1995-1999), pero no pudo terminar el segundo porque el 9 de julio de 2001 fue sustituido por la viceintendenta Maisonnave -quien luego fue elegida para el período 2003-2007- por problemas con la justicia.

En 2007 consiguió que una jueza civil declarara inconstitucional un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades que le impedía ser candidato y volvió a presentarse. En nombre de Convergencia, que representa al marinismo, le ganó la interna a Maisonnave, que se postuló por la vernista Línea Plural, y luego se impuso en la general. Pero a los pocos días de asumir llegó la noticia de que la Corte había confirmado la sentencia condenatoria, al denegarle un recurso extraordinario, por lo el imputado debió dejar la jefatura comunal por segunda vez. Otra mujer, la viceintendenta María Elena García (actualmente sospechosa en otro expediente judicial por el otorgamiento de un subsidio al ex concejal del PJ, Mauro Godoy), juró en su lugar.

Ahora Avila viene afirmando que el candidato del PJ a la intendencia saldrá del vernismo, sector al que se pasó luego de haber sido un ultramarinista. A tal punto que todavía recuerdan en General Acha cuando en 2006, siendo Carlos Verna gobernador, cuestionó que ningún dirigente vernista, aun siendo funcionarios y concejales, asistiera al acto por los 30 años del último golpe militar.

Por ahora, no habla

El ex intendente de General Acha Omar Avila se excusó de brindar algún tipo de declaración al momento de haber sido consultado por esta agencia. Vía telefónica se limitó a asegurar que no tenía ninguna información sobre la posibilidad de que el gobernador, Oscar Jorge, lo indultara para que pudiese ser el candidato del PJ en las próximas elecciones. Dijo que por el momento no quería referirse al tema para no generar falsas expectativas en él, ni en la gente que todavía lo sigue, ya sea dentro y afuera de la estructura partidaria. (Agencia/G.Acha)

No fue la única causa

Esta no fue el único expediente penal en el que Avila estuvo imputado. En 2007 el Superior Tribunal de Justicia dictó la prescripción de la causa 674/02 en la que había sido procesado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Por culpa de la lentitud de la justicia Avila no fue a juicio oral y público.

En ese expediente estuvo sospechado de haber dictado, probablemente en 1999, “órdenes contrarias” a las previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y “omitido la ejecución de las normas cuyo cumplimiento le incumbía, y que están previstas en la Ley Nº 3 de Contabilidad, al llevar a cabo obras sin la previa intervención y conocimiento del Concejo Deliberante, y sin dictar resolución o decisión administrativa alguna”.

También se vio involucrado en la causa 659/02 por haber firmado una resolución en la que le había reconocido el pago de 47.840 pesos a un arquitecto que, a su vez, era empleado municipal. En ambos casos fue denunciado por Maisonnave.