El trabajo para implementar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) empieza a bajar al territorio. El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Coordinación de Sostenibilidad, mantiene encuentros con municipios para ajustar los mecanismos de aplicación de una norma que busca transformar el modo en que Mendoza gestiona sus residuos. Esta semana fue el turno de Lavalle, donde el equipo provincial compartió una jornada de trabajo con autoridades locales y recuperadores urbanos.

Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del ministerio, explicó que el nuevo espacio surge como una estructura estratégica que integra las líneas de acción vinculadas a la transición energética y amplía su alcance hacia un enfoque de largo plazo. “Buscamos que todas las políticas del ministerio incorporen la sostenibilidad no sólo desde lo económico, sino también desde el desarrollo social, el cuidado ambiental y la transparencia como paraguas”, señaló.

Durante la visita al Centro Verde municipal, funcionarias provinciales analizaron, junto al equipo local, el funcionamiento del sistema de gestión de residuos secos. Lavalle mostró avances en la incorporación de grandes generadores como YPF Luz, Marolio, Juviar y Cloro Mendoza, lo que permitió duplicar el volumen de materiales recuperados. “Nos contaron que debieron reorganizar la planificación para recibir los residuos que llegan desde el Parque Solar El Quemado. Es una muestra de cómo la logística y la gestión deben adaptarse a nuevas realidades productivas”, describió Ortega.

Uno de los puntos que llamó la atención del equipo provincial fue el modelo de inclusión laboral que lleva adelante el municipio: Lavalle es el primer departamento del área metropolitana en el que los recuperadores forman parte del personal de planta. Desde el ministerio lo destacaron como una práctica que otorga estabilidad y reconocimiento a un sector históricamente precarizado.

El recorrido también permitió observar la infraestructura con la que cuenta el municipio: enfardadoras de distintos tamaños, un molino plástico que mejora el precio de venta del material y un circuito de recolección que abarca más de 40 centros urbanos, desde Villa Tulumaya hasta Costa de Araujo. Sin embargo, persisten desafíos estructurales. Reducir los intermediarios en la venta de materiales, resolver la disposición final de residuos electrónicos, con costos que superan los 30.000 pesos por kilo, y fortalecer la capacitación del personal son algunos de los puntos pendientes.

De la ley al territorio

Ortega subrayó que la reglamentación de la Ley GIRSU está en proceso y que el trabajo territorial resulta clave para adaptarla a las particularidades locales. “Creíamos que era fundamental hacer territorio, entender cuál es la lógica de cada municipio. En el caso de Lavalle, hay una mirada estratégica sobre la distribución y la logística de recolección que nos parece un buen punto de partida”, sostuvo.

El ministerio prevé realizar un encuentro metropolitano con municipios y cooperativas para compartir diagnósticos, desafíos y aprendizajes. “Hay problemáticas comunes que se repiten, independientemente de la escala o la localidad. Queremos que esas experiencias sirvan de insumo para la reglamentación definitiva”, agregó la funcionaria.

Microbasurales y cambio cultural

Durante la entrevista de Ortega con «Entre mate y mate», surgió una preocupación recurrente entre la audiecia: los microbasurales que aparecen en zonas rurales o baldías, pequeños focos que se reproducen con el hábito de arrojar residuos fuera del circuito formal. Ortega reconoció que el problema excede la gestión municipal y que requiere una transformación más profunda.

“Coincidimos con los equipos locales en que esto debe ir acompañado de un cambio cultural. El municipio tiene su responsabilidad, pero la sociedad también juega un rol clave. Por eso estamos pensando estrategias de educación y concientización, incluso llevar el tema a las escuelas para trabajar la separación en origen”, afirmó.