El “Pata” Medina sugirió al juez una posible relación entre la compra de una casa cerca de Punta del Este por parte del exministro y la posterior concesión de un megaproyecto a una firma que pertenece a uno de los empresarios imputados en la investigación de la mesa judicial.
El sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, extitular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), pidió, a través de su abogado, César Albarracín, investigar posibles irregularidades en un contrato hipermillonario con la empresa de uno de los participantes en la mesa judicial conocida como “Gestapo antisindical”, que se dedicó a “armar” causas judiciales contra gremialistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
Medina, que fue la víctima más notable de esa mesa judicial, solicitó al juez federal platense que tiene a su cargo la investigación que pida a la Gobernación bonaerense las declaraciones juradas de Vidal y tres importantes exfuncionarios de su gobierno y que se allane la Municipalidad de La Plata en busca
de documentos relacionados con la empresa constructora OCSA, perteneciente a Ricardo Alconada Magliano, uno de los empresarios que el 15 de junio de 2017 participaron de una reunión secreta en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro).
En ese encuentro, que fue grabado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, instruyó a los empresarios sobre la manera de realizar denuncias contra sindicalistas para que fueran presos. También estaban
presentes Roberto Gigante, que era ministro de Infraestructura, y Adrián Grassi, por aquellos días viceministro de Justicia. Medina quiere que el juez pida las declaraciones juradas de todos ellos.
En un escrito elevado por su abogado César Albarracín, Medina señaló que Villegas podría haber obtenido un beneficio personal de OCSA, ya que, según lo señaló el diputado nacional Rodolfo Tailhade, aquel año se compró una casa cerca de Punta del Este, valuada en medio millón de dólares, cuyo origen intentó justificar como proveniente de un préstamo personal por fuera del sistema bancario.
OCSA obtuvo la concesión de obras de gran envergadura en los últimos años, como la urbanización del predio de la “cantera urbana” en la localidad de Gorina, con una inversión cercana a los cien millones de dólares. Para Medina, esto parece tener “suma relevancia”. OCSA también participó de la construcción del paso bajo nivel en la avenida 1 y la calle 32 de La Plata.
El día que Alconada no quiso decir nada
La ronda de indagatorias por la mesa judicial antisindical se inició el miércoles de la semana pasada, con la citación al empresario Ricardo Alconada Magliano, presidente de la empresa constructora OCSA y, por esos días, de la filial platense de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU). Fue el primero de los empresarios imputados por su participación en la “GestaPRO”, que fueron emplazados para comparecer ante el tribunal en días sucesivos, antes de que lo hagan los altos funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal (lo que ocurrirá a partir de la semana próxima).
El constructor presentó un escrito en el que dijo haber sido convocado a una reunión de trabajo por el entonces ministro Marcelo Villegas, que no conocía a todos los participantes del cónclave, y que se consideraba una “víctima” de la situación.
La presentación de Alconada Magliano (pariente lejano del periodista Hugo Alconada Mon, que escribe en el diario La Nación) marcó la tónica de lo que ocurriría en las siguientes indagatorias, ya que los empresarios citados a continuación también declinaron responder preguntas del juez y presentaron sendos escritos en los que delineaban el mismo argumento. Se trata de Guillermo Moretto (que presidía el Colegio de Arquitectos platense en aquellos momentos) y Jorge Oscar del Río (que oficiaba como vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires, Apymeco).
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