Martín Berhongaray, el encargado de plantearle al TLA el contexto legal en torno al conflicto, fue quien anunció los próximos pasos a seguir tras el resonante triunfo político obtenido en la audiencia que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires. "Pediremos una reunión con el gobernador (Oscar Jorge), queremos hacerle entrega de una copia con las respectivas firmas de cada uno de los jurados que han intervenido y solicitarle que inicie cuanto antes la demanda de daño ambiental contra Mendoza, pero también contra el Estado nacional, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El plazo que le otorguemos va a ser el plazo que se tome la Fuchad para promover una eventual demanda ante la CIDH, que es un organismo supra nacional cuyas decisiones, a diferencia de lo que ha ocurrido con el TLA, son vinculantes", informó.

Asambleístas.

Héctor Gómez, presidente de la Fuchad, hizo un repaso de los principales tópicos que abordó la sentencia y destacó la participación popular que logró el reclamo, gracias a la constitución de asambleas de Santa Isabel, Algarrobo del Aguila, General Pico y Santa Rosa.

El escritor y profesor de Geografía Walter Cazenave, otro de los expositores de la demanda pampeana ante el TLA, aseguró que el sacudón que causó el fallo le hizo recordar el cuento "El maravilloso traje del Rey". "Un embaucador había vendido a un rey un traje inigualable, pero no existía, y el rey andaba desnudo. Sin embargo nadie se atrevía a decirle que estaba desnudo, porque era el rey. El TLA no hizo nada más que decir lo obvio, evidente y verdadero. Dijo que el rey estaba desnudo. Dijo que el Atuel es un río interprovincial, que se necesita un comité de cuenca y que es poco menos que un crimen de lesa humanidad privar del derecho al agua a cualquier ser humano", concluyó.

Para Gómez, la sentencia cambia totalmente la situación de la lucha por el río hacia el futuro. A su vez, reclamó al gobierno provincial una política hídrica de Estado que sea sustentada con los ingresos por regalías que produce el sector hidrocarburífero, el cual ubicó en el orden de los 600 millones de pesos anuales. Tanto él como Alberto Goldberg, consideraron que para Mendoza tuvo un efecto negativo no haber asistido a la audiencia y haber presentado una nota cargada de acusaciones pero sin fundamentos. El titular de la Fuchad calificó al gobierno mendocino como cobarde por ese proceder.