La discrepancia entre los integrantes del Poder Legislativo y los del Judicial se manifestó el jueves pasado. En la tercera sesión Ordinaria del año del Senado provincial, los parlamentarios resolvieron frenar el ingreso de un expediente que solicita el Acuerdo a la designación de un juez en Saladas. Los senadores fundamentaron su decisión en la crítica al Consejo de la Magistratura por la supuesta falta de envío de la totalidad de los antecedentes de quienes se postulan a ocupar cargos judiciales.

Los integrantes de la Cámara alta fueron aún más lejos: amenazaron con no darle el visto bueno a futuras solicitudes para cubrir vacantes en la Justicia. Tal advertencia la hicieron luego de comentar, en el recinto legislativo, que los representantes del Consejo de la Magistratura respondieron a la solicitud del Senado con una nota en la que se habría negado el envío de mayores datos (además de los antecedentes personales, profesionales y laborales) de los postulantes porque, en caso de hacerlo, habría “un doble juicio de valor”.

El Consejo de la Magistratura es la institución responsable de la convocatoria a concurso público de postulantes para cubrir las vacantes judiciales, la evaluación y la selección de los mismos. Está conformada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal de Estado y representantes de los Colegios de Abogados de las diferentes circunscripciones judiciales, del Consejo Superior de los Colegios de Abogados, de la Facultad de Derecho y del Colegio de Magistrados.

La Constitución provincial establece en sus artículos 194, 195 y 196 la forma que se postularán y seleccionarán los profesionales que ocuparán cargos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público. La reglamentación de tales articulados se fijó en la sanción de la Ley 5.849.

Una vez que el Consejo de la Magistratura culmina con la valuación de los candidatos a cubrir un determinado cargo judicial envía una terna con los mejores calificados al Poder Ejecutivo. El Gobernador, entonces, tendrá 15 días para elegir un pliego (de los tres) y girarlo al Senado. La Cámara alta será la responsable del último paso en el procedimiento. Una vez que el pedido de Acuerdo ingresa “en forma oficial” al cuerpo (en una sesión) y los legisladores lo giran a la Comisión de Poderes para su estudio, los senadores contarán con 45 días para avalar la designación del candidato o desestimarla.

En este último lapso (45 días), el postulante deberá defenderse en Audiencia Pública de posibles impugnaciones. Este acto también sirve para que los legisladores conozcan al candidato y realicen la ronda de consultas que estimen necesaria.

Muchos Acuerdos

El 2010 fue un año prolífico. El Senado prestó Acuerdo a 14 designaciones para cargos judiciales (una docena de jueces, un fiscal de instrucción y un defensor de pobres y menores). Es decir, el Consejo de la Magistratura tuvo que habilitar la convocatoria para cubrir este número de vacantes, evaluó a los postulantes, los calificó y remitió 14 ternas de candidatos al Gobernador. Ricardo Colombi eligió igual número de profesionales para que la Cámara alta le dé el aval definitivo.

En la sesión del jueves, el justicialista Jorge Barrionuevo deslizó un dato curioso. El senador de la oposición aseguró que ese cuerpo aprobó pliegos a pesar de que no estaban conformes con el cúmulo de datos de los candidatos. Es decir, dieron el aval a magistrados y funcionarios del Poder Judicial a pesar de que no contaban con los antecedentes necesarios para su evaluación legislativa (según la apreciación de los parlamentarios no compartida por los integrantes del Consejo de la Magistratura).

Por lo pronto, el 2011 comenzó con el mismo grado de productividad que el año pasado. El Consejo de la Magistratura ya envió al Ejecutivo provincial tres ternas para cubrir igual número de vacantes judiciales. Por un lado, está prevista para el 31 de marzo la Audiencia Pública en el trámite de designación de Guillermo Rubén Barry para el cargo de Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores Nº2 en Goya.

El segundo expediente es el que el jueves el Senado frenó. Se trata del pedido de Acuerdo para la designación de Juez de Instrucción y Correccional de Saladas para Ramón Francisco Romero. Respecto del tratamiento legislativo de esta solicitud, la Cámara alta la dejó reservada en Secretaría en lugar del procedimiento habitual de girarla a comisión. Con ello, los senadores buscan que no inicie el plazo perentorio establecido en la Constitución para que culmine el trabajo parlamentario. “Esta determinación la adoptamos para preservar el funcionamiento de las instituciones. Caso contrario deberíamos dar ingreso al expediente y rechazar el pedido de Acuerdo”, comentó el nuevista Jorge Simonetti.

Además, el jueves (mismo día en que el cortocircuito tomó estado público) el Consejo de la Magistratura giró al Ejecutivo Provincial la terna para cubrir el Juzgado Civil Comercial y Laboral de Paso de los Libres. Los tres propuestos son Diana Kozoriz, Mariel Verón y Rosa Batalla. El Gobernador elegirá a una de las damas