Un escándalo sacude a Francia y a la multinacional suiza Nestlé: una comisión de investigación del Senado denunció que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron encubrió durante años prácticas ilegales en el tratamiento del agua mineral embotellada por la compañía, incluidas marcas icónicas como Perrier, Vittel, Hépar y Contrex.

El informe parlamentario reveló que Nestlé utilizó tratamientos no autorizados para evitar la contaminación bacteriana o química en aguas etiquetadas como “agua mineral natural” o “agua de manantial”, lo cual está prohibido por la legislación francesa y europea.

 “Además de la falta de transparencia de Nestlé Waters, también hay que destacar la falta de transparencia del Gobierno francés”, señala el documento oficial. Según los senadores, la primera reunión oficial sobre el tema se remonta a octubre de 2021, y desde entonces hubo una estrategia deliberada para ocultar los hechos.

Nestlé pagó una multa para evitar juicios

El año pasado, la propia Nestlé reconoció el uso de tratamientos ilegales y aceptó pagar una multa de 2 millones de euros para evitar acciones judiciales. A pesar de ello, ni la empresa ni el Gobierno francés realizaron comentarios públicos tras la publicación del informe, difundido esta semana por medios europeos.

 El fraude fue estimado en más de 3.000 millones de euros, según la agencia francesa encargada del control comercial. El senador Alexandre Ouizille, uno de los responsables de la investigación, remarcó que el agua mineral natural se vende entre 100 y 400 veces más cara que el agua del grifo, y calificó la maniobra como un "engaño masivo al consumidor".

“La presidencia de la República sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas”, afirmó Ouizille.

En declaraciones anteriores, el presidente Macron negó conocer la situación y dijo que “no hay connivencia con nadie”.

Un montaje para ocultar los tratamientos

Uno de los hallazgos más impactantes de la comisión fue en una planta de Nestlé ubicada en el sur de Francia, donde descubrieron armarios deslizantes que escondían el equipamiento con el que se realizaban los tratamientos ilegales.

La empresa justificó la práctica alegando que, sin algún tipo de filtración, sus plantas tendrían que cerrar por la presencia de bacterias como la E. coli, que pueden generar enfermedades graves.

 A pesar de la ilegalidad de los procedimientos, la comisión aclaró que no se ha demostrado daño directo a la salud de los consumidores.