Por Matías Ferrari

Meteorólogos y expertos ambientales a nivel mundial ya habían anticipado la capacidad de daño del fenómeno “El Niño”, que llegaría esta primavera con una potencia desconocida, la más fuerte en 40 años. Esta semana, la advertencia de los científicos comenzó a traducirse en problemas concretos: la crecida de los ríos Uruguay y Paraná por las intensas lluvias ya dejó un saldo de por lo menos 400 personas afectadas –y contando– en el litoral, con decenas de familias evacuadas y pérdidas materiales. Lo que por ahora es apenas la punta del hilo de una crisis potencialmente más severa se coló este martes en el debate por el Presupuesto 2027: la oposición aprovechó la presencia en Diputados del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para reclamarle por el destino de los fondos para obras hídricas a nivel federal, lo que ya había motivado la presentación de denuncias penales contra él y su jefe, el ministro de Economía, Luis Caputo. Según datos oficiales, en lo que va de la era Milei solo se ejecutó el 30 por ciento de los recursos del Fondo Fiduciario destinado exclusivamente a la infraestructura, dragado y saneamiento de los ríos, que ayudarían a prevenir mayores desastres. El resto –se estima que unos $258.000 millones– fue a parar a la timba, al pago de intereses de deuda y a maquillar el déficit.

“Frente a un fenómeno climático que va a afectar a varias provincias, y que está generando inundaciones y evacuados, el propio gobierno reconoce que un fondo destinado por ley a ayudar a prevenir sus consecuencias, no se va a ejecutar como corresponde. Es insólito y es gravísimo”, señaló a Página/12 la diputada Sabrina Selva, quien tuvo un intercambio con Guberman sobre el asunto durante el debate por el Presupuesto.

Subejecución y timba

El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica se financia con el 4,31% de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles. Su destino, fijado por ley, es la obra pública en materia de manejo del agua, prevención de inundaciones, saneamiento, cloacas y el acceso a agua potable, que realizan tanto Nación como las provincias. También por ley, esos fondos tienen lo que se conoce como asignación específica: no se pueden redireccionar hacia otras funciones o destinos dentro de la administración pública. Y eso es precisamente lo que estuvo haciendo el gobierno en los últimos tres años.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a información de presupuesto abierto, Milei y Caputo subejecutaron el fideicomiso en un 70 por ciento promedio en los últimos tres años. Recién en 2026 el porcentaje comenzó a subir, lo que equiparó el promedio, pero en los primeros meses de gestión libertaria el ajuste en el fideicomiso fue brutal:

En 2024 la ejecución llegó al 11,7% de lo recaudado: unos $12.709 millones sobre un total de $108.651 millones recaudados por el impuesto.En 2025, la ejecución creció apenas hasta el 20,6%: $43.069 millones sobre un total de $208.869 millones.Al segundo trimestre de 2026 (último dato disponible) trepó el 63,8%, con $87.948 millones ejecutados sobre $137.951 millones.En promedio, la ejecución anual fue de apenas el 32%.

De acuerdo al último informe ante el Congreso de Manuel Adorni como jefe de gabinete, a abril de este año el fondo mantenía $34.922 millones en cuentas a la vista y aproximadamente $258.000 millones colocados en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAPs). Es decir, al menos hasta ese momento, cerca del 88% de los recursos específicos del fondo estaban prestados al propio Estado nacional para financiar la caja del Tesoro en lugar de realizar las obras.

A juzgar por la letra chica del proyecto de Presupuesto 2027, esa situación va a continuar. El texto habla de un 77% de lo recaudado para el fondo que va a destinarse a obras; y alrededor de $133 mil millones seguirán yendo a la timba.

Ese desvío de fondos ya había sido denunciado por la diputada Marcela Pagano —como parte de la ampliación de una denuncia original por giros a las provincias del sistema SISVIAL para “comprar” votos en sesiones clave en el Congreso para el oficialismo— y también por el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Según la denuncia de Pagano, desde diciembre de 2023 se iniciaron 24 obras hídricas, y más de la mitad fueron canceladas o suspendidas. Solo una fue terminada. Pagano ya había adelantado el riesgo de la llegada de El Niño en ese contexto de subejecución y desvío. “Todo ello ocurre mientras los organismos meteorológicos anticipan un evento El Niño de intensidad significativa para el período 2026/2027, lo que proyecta el riesgo de daño desde lo patrimonial hacia la seguridad de las personas y de la producción en las cuencas desprotegidas”, dice en su denuncia.

El Gobierno, lejos de negar la situación, la confirma. Ya lo había reconocido el vocero presidencial, Adrián Ravier, consultado por el medio La Arena de La Pampa, su provincia de origen, por el peligro del abandono de las rutas. “Esos fondos se utilizan para el equilibrio fiscal”, dijo.

“No se los lleva Caputo”

Este martes, al defender el presupuesto, hizo lo propio el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Durante el debate en comisión, la diputada Selva le preguntó al secretario por el destino de los fondos hídricos durante los tres años de mandato libertario.

¿Qué respuesta le da, señor secretario, a los sectores productivos, las zonas urbanas, al interior de la provincia —ayer y hoy en la provincia de Corrientes— ya sufriendo inundaciones, que están sufriendo pérdidas millonarias, incluso riesgos de vida, no? Tratan también las inundaciones. ¿Cuál es la respuesta que les da de esa subejecución de este fondo?

—El gobierno argumentó que los fondos fiduciarios eran cajas de la política, que debían eliminarse. Entonces, ¿Por qué continúan cobrándole este tributo a los contribuyentes en los surtidores en lugar de eliminarlo? ¿Qué respuesta le da a los sectores productivos que ya han sufriendo inundaciones, que están sufriendo pérdidas millonarias, incluso riesgos de vida?

Guberman fue al grano, y aprovechó para chicanear:

—Como no se ejecuta todo el fondo, los excedentes tratan de colocarse de alguna manera que no pierdan valor. Digo, no se lo lleva Caputo, no me lo llevo yo, como en épocas anteriores.

El secretario también dejó una definición política sobre la motosierra. “El presupuesto solo dice techos presupuestarios. La autorización que nos da este Congreso al Ejecutivo es que puede gastar hasta tanto», que «no puede gastar más que lo que dice el presupuesto». Entonces, que gaste menos no es un problema, el problema sería que gaste de más".