Fuentes confiables informaron a esta corresponsalía que el expediente fue elevado recientemente, debido a que el magistrado se expidió sobre la presentación, hecha por la responsable del ministerio público, una vez que concluyó la feria judicial que se prolongó durante todo el mes de enero, tal cual sucede todos los años.

Después de analizar el caso, y dentro de los diez días hábiles que había de plazo, la doctora Ruffini determinó presentar el recurso. La medida recursiva con carácter de impugnación a lo resuelto por el Juzgado 1, se interpuso en primer término ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 434 del Código Procesal Penal. La absolución de los cinco policías fue dictada antes que finalice 2009. En esa oportunidad asistieron a la audiencia, la fiscal Ruffini, la defensora oficial, María Celestina Lang y el oficial Jorge Lucero, además del juez Manuel Alberto Alvarez y su secretario, Raúl Norberto Ravera.

Ahora el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) con asiento en la ciudad de Santa Rosa deberá resolver la cuestión, haciendo lugar o no al recurso presentado por la Fiscalía 2 local, contra la sentencia absolutoria dictada por el juez Alvarez.

El fallo.

La sentencia del juez Alvarez remarcó: "Hallase que la prueba examinada no sirve para acreditar, con el grado de certeza que se exige en este estadio procesal", para establecer que los empleados policiales involucrados "hayan omitido ilegalmente actos de su oficio, relacionados con el cuidado y custodia de los detenidos", cuando aquel 31 de octubre de 2002, Juan Carlos Canale fue hallado muerto en la Alcaidía, producto de una feroz golpiza.

Los procesados en esa instancia fueron los policías Omar Escobar, Darío Martínez, Facundo Soria, Oscar Manuel Quiroz y Omar Rodolfo Macci. El primero y el último, fueron asistidos por la defensora oficial sustituta, María Celestina Lang, en tanto que los restantes tuvieron como defensora a la abogada Silvia Mirta Brown. Previamente, se hallaba también procesado Jorge Lucero, cuya absolución fue solicitada por la fiscal, que había pedido para los restantes una sanción de multa por diez mil pesos a cada uno, más una inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos.

Rechazo.

Cabe recordar que posterior al fallo del magistrado Alvarez, el abogado Fabián Alberto Pérez -que asistió a la familia Canale en calidad de representante de la querellante- mantuvo una charla con LA ARENA, oportunidad en la que rechazó en duros términos el fallo del Juzgado 1 respecto al crimen del jornalero, y solicitó que se dispongan las acciones para determinar quién o quiénes fueron los autores materiales del homicidio.

Aunque no culpó directamente por el hecho a los policías, el profesional dejó a un lado a los procesados en principio, que fueron otros reos que compartieron las celdas con Juan Carlos Canale en aquellas horas del 31 de octubre de 2002, finalmente absueltos por el beneficio de la duda. Dijo que hay cosas que no se pueden volver a juzgar, "pero sí lo que no se investigó". Por eso reclamó que lo ideal hubiera sido "desde el primer momento sentar en el banquillo a todos los que estuvieron ahí y se investigara cada una de las responsabilidades".

Criticó como "muy triste y traumático para la Justicia e incluso para el Estado provincial no poder dar una explicación en un caso tan claro, tan contundente como este, a una familia. Creo que debe ser la vergüenza más grande de los fallos de la Justicia provincial no poder esclarecer un homicidio dentro de una comisaría", opinó en ese momento.