Al final, el Gobierno ha tenido que pagar de su propio bolsillo el aumento a los policías

Tras una larga lucha en agosto del año pasado, lo único que lograron los policías de San Luis fue que el Gobierno provincial gestione, ante Nación, una reducción de los descuentos previsionales que cobra la Anses en un 9% para agentes policiales y en un 7% para penitenciarios.

La movida del Gobierno parecía simplemente magistral. El gobernador, Claudio Poggi, logró dar un aumento sin tener que desembolsar ni un solo peso, ya que la plata extra que comenzarían a percibir los policías de San Luis vendría de ese descuento que la Anses haría en los aportes previsionales.

Sin embargo, han pasado cuatro meses y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no ha ratificado el convenio firmado en diciembre, por lo que el Gobierno provincial ha tenido que pagar el aumento con sus propios fondos.

“El estado provincial está abonando ese 9% a los policías. El policía lo está cobrando, lo que pasa que no es el Estado Nacional, a través del Anses, el que lo pone, sino el Estado provincial”, explicó el ministro de Seguridad, Martín Olivero, luego de que La Gaceta le preguntara por las declaraciones que hizo el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich.

“Lo cierto es que al Estado provincial le consume 3 millones de pesos ese 9% de los efectivos y (el 7%) de los agentes penitenciarios”, agregó Olivero, reflejando fielmente, con el término “consume”, lo que el Gobierno provincial piensa con respecto a aumentos de sueldo para los agentes de la Administración Pública. Cabe recordar que para referirse a eventos como el Carnaval de Río en San Luis, el Gobierno siempre utiliza la palabra “inversión”.

A su vez, aplicando simple matemática, se tiene como resultado que pagar este aumento durante todo este año significaría un gasto de 36 millones de pesos, prácticamente la mitad de lo que, se estima, costó la edición 2014 del Carnaval de Río en San Luis.

Luego, Olivero señaló que desconoce qué es lo que dice exactamente el decreto con el que la Presidenta tendría que ratificar el convenio y que el fiscal de Estado, Ricardo Endeiza, se está ocupando del tema ante las demoras. “El jefe de Gabinete se había comprometido (a firmarlo) a la brevedad pero hace ya más de cuatro meses y todavía no hemos obtenido respuesta”, concluyó el ministro.

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