Pero antes de escuchar la sentencia del tribunal, a las 10 de la mañana, Miceli tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras en el juicio oral y, según anunció, aprovechará para volver a declarar su inocencia.

"Estoy esperando el día de la sentencia. Yo hablé en el juicio durante dos horas y el 27 lo voy a volver hacer para explicar algunas cosas", dijo hace unos días.

Incluso, la ex funcionaria se mostró entusiasta porque los fiscales solo pidieron cuatro años de cárcel en su contra y no pudieron acusarla del delito de dádivas pues -a su criterio- "no hay nada".

El Tribunal Oral Federal 2 de esta capital, a cargo de los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara, escuchará a Miceli y luego tendrá que dar a conocer su veredicto en el debate que comenzó a fines de octubre.

Allí, se trató de conocer el origen de los 100 mil pesos -agrupados en un bloque termosellado bajo la inscripción Lote 38057 Bco 30- y los 31.670 dólares que fueron encontrados el 5 de junio de 2007 dentro de una bolsa de papel madera que estaba colgada de una percha, en el placard del baño de la entonces ministra.

Durante todo el juicio Miceli trató de probar que ese bloque de dinero había sido prestado por su ya fallecido hermano y por una amiga que declaró para ratificar su versión. También rechazó las sospechas sobre la forma en que estaba acondicionado el fajo -tal como sale de las entidades financieras- y aclaró que ella misma lo empaquetó así con papel film y calor.

"Yo lo había dejado en una bolsa de plástico transparente. Yo a ese dinero lo tenía que devolver -aseguró-. Se me hizo tarde y no llegué al banco para dejar la plata. No había caja de seguridad en el despacho".

Aquella madrugada dos agentes de la Brigada de Explosivos hicieron la recorrida y pasaron por la oficina del quinto piso del Palacio de Haciendo donde detectaron la bolsa que les pareció sospechosa y la incautaron.

Tanto el subinspector Patricio Rodrigo Palo, de la División Investigaciones del Departamento Brigada de Explosivos, como el cabo primero Carlos Enrique Isaías, que participaron del operativo, comprometieron a la ex funcionaria en el debate oral, pero la acusada planteó dudas sobre ese hallazgo y desmintió haber querido hacer desaparecer el acta con el detalle.

La defensa solicitó la absolución, mientras que los fiscales Guillermo Marijuán y Fernando Arrigo pidieron una condena a cuatro años de prisión por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público, además de la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos y el decomiso del dinero hallado.

Sólo las condenas menores o iguales a tres años son de cumplimiento condicional, a raíz de lo cual una sentencia a cuatro años de prisión podría derivar en la detención de la ex funcionaria, algo que dependerá del criterio del tribunal.

No obstante, la eventual detención sería poco probable porque los fiscales no lo solicitaron explícitamente y porque la eventual sentencia no estará firme.

Además, habría que explicar si la libertad de la imputada podría poner en riesgo la continuidad de la causa o si existe algún peligro de fuga.