El ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt sugirió ayer que el tribunal rechazará la apelación del Gobierno a los fallos que frenaron la creación del polémico Fondo del Bicentenario para pagar deuda con reservas monetarias.

"Es un tema esencialmente político", dijo. Y advirtió: "La Corte no trata medidas cautelares".

Con sus declaraciones de ayer, el veterano juez no hizo más que ratificar la costumbre de la Corte de rechazar la intervención en expedientes relacionados con medidas cautelares.

El caso de las reservas, que tiene en vilo al Gobierno, encaja justo en esa descripción: una jueza de primera instancia y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hicieron lugar a dos recursos de amparo presentados por la oposición y bloquearon la constitución del fondo. El nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, apeló ante la Cámara, que debe resolver si habilita o no el camino hacia la Corte Suprema.

Fayt desestimó el apuro que pueda tener la Casa Rosada para que la Corte trate el recurso que presentó Da Rocha, en el que pide descongelar las reservas del Banco Central y permitir la creación del Fondo del Bicentenario.

Al respecto, la Cámara estará en condiciones de resolver si autoriza la puesta en marcha del Fondo del Bicentenario a partir del próximo 22 de febrero, según revelaron fuentes judiciales. Ayer, la Sala IV del tribunal "corrió traslado" a las fuerzas opositoras sobre los argumentos del Gobierno, y desde ese momento dispone de un plazo de 10 días hábiles para responderlos.

Sólo entonces la Cámara resolverá si concede la apelación ante la Corte Suprema y, en tal caso, si lo hace con efecto "suspensivo" o "devolutivo". En el primero de los casos, el Fondo del Bicentenario quedará virtualmente constituido hasta que el máximo tribunal decida.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso está integrada por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis María Márquez.

Cautela

Fayt descartó un rápido pronunciamiento de la Corte. "Hay una serie de cosas que cumplir, porque en principio nosotros no tenemos como base jurisprudencial conocimiento de medidas cautelares; tienen que venir recursos extraordinarios".

Poco después de esas declaraciones, el abogado Enrique Piragini le pidió a la Corte que aplicara el per saltum para definir la validez del DNU que creó el Fondo del Bicentenario.

"Atento a la gravedad institucional de un asunto que podría ser sometido a vuestra consideración, relacionado con un recurso extraordinario", Piragini reclamó a la Corte la intervención directa "dada la urgencia en dilucidar una cuestión concreta y puntual, para que la sociedad en su conjunto tenga pleno y cabal conocimiento de las alternativas que podrían derivarse de tan espinosa cuestión".