La suspensión del encuentro se debe a que el juez a cargo de enviar las citaciones a los testigos, Roberto Gallardo, decidió elevar la causa por la asistencia que venía prestando el magistrado a pedido de la Presidencia a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso para que defina si continúa o no con la demanda.

“Ahora voy a esperar a que la Cámara defina si Gallardo continúa o no prestando asistencia, y creo que si él no continúa deberán sortear otro Juzgado que lo haga. Pero necesitamos 72 horas para enviar las citaciones y por ese motivo no tenemos testigos citados para el lunes. Recién el martes vamos a tener un panorama mejor”, explicó Hourest ante los periodistas presentes luego de la reunión de este viernes.

“Calculo que faltan alrededor de 50 testigos y si no ponen más piedras en el camino, llegaremos con todo antes del 15 de diciembre. No está en mi ánimo pedir una prórroga. Al día de hoy ya tenemos material como para hacer una serie de recomendaciones políticas”, agregó.

LOS TESTIGOS

El primero en comparecer ante la escueta asistencia de diputados que tuvo la comisión este viernes (llamó la atención la ausencia de la secretaria Gabriela Cerrutti) fue el rector de la Universidad de 3 de Febrero, Aníbal Jozami. El declarante se refirió al convenio que tiene firmado la institución a su cargo con el Gobierno de la Ciudad.

“A nosotros nos piden un proyecto y lo llevamos a cabo. La gente que trabaja en el mismo la recomienda el Gobierno de la Ciudad y nosotros no la controlamos. Sólo nos encargamos de la administración de los fondos del convenio. Tenemos 148 personas contratadas hasta fin de año con este convenio todavía”, expresó Jozami.

Ante la consulta del diputado Eduardo Epszteyn sobre si conocía “que al menos sesenta ex policías federales, aproximadamente, fueron contratados a través de la Universidad entre el año 2008 y 2009”, el testigo indicó que era un dato que desconocía.

“La presencia de este testigo ratifica la necesidad de continuar investigando porque la mayoría de estos agentes, pasaron luego directamente a ser designados como miembros de la Policía Metropolitana, algunos ocupando los cargos más altos”, aseguró el legislador ibarrista.

El rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza, Alejandro Finocchiaro, fue el segundo declarante luego del cuarto intermedio del mediodía. El testimonio de este testigo fue el más largo de los tres que ocuparon la tarde.

Para comenzar su exposición, Finocchiaro explicó que concurrió “voluntariamente a declarar en forma personal y no por escrito. En mi caso estaba citado para el día 20 de setiembre y no pude asistir por compromisos familiares y solicité a la presidencia que reformulara la fecha”.

Además, anunció que las autoridades de la Universidad de La Matanza denunciaron penalmente al juez Roberto Gallardo por haber enviado las citaciones con personal policial y ordenar el ingreso de los mismos a la sede universitaria. “Cree que puede ejercer después de la General Paz y dentro de una Universidad”, agregó.

Sobre la causa específicamente, fue muy concreto al decir que “no conocía a Ciro James” y añadió: “Sólo lo vi cuando salió su foto en los diarios. Por lo que pude saber después, James trabajaba en el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLM, que depende de Fernando Luján Acosta”.

Luego, reveló que fue amigo del ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, “hasta marzo del año pasado”. “No soy más amigo por cuestiones personales y desde que me fui del Ministerio de Educación no hemos mantenido la relación. Trabajé como asesor en la cartera contratado con un contrato de locación de obra y trabajé en el análisis del mejoramiento de la calidad institucional”, aclaró.

“Desde el 2003 milité en el PRO y formaba parte del equipo del Ministro. Yo no llevé a ninguna persona a trabajar al Gobierno de la Ciudad. Colaboro de manera política con Andrés Ibarra. En el año 2004 lo llevé al Ingeniero Mauricio Macri a la Universidad de La Matanza en una visita protocolar y se lo presenté al titular de la universidad”, comentó.

“Yo estoy muy tranquilo. No lo conozco a Ciro James ni trabajó a mi cargo. Reitero que no voy a preocuparme por el parecer de los demás ni voy a hacerme cargo de los dichos de los demás”, finalizó.

Para terminar, se presentó ante los legisladores Daniela Rocca. La mujer figura en la lista de personas escuchadas en la causa que investiga Norberto Oyarbide. La testigo reconoció que se enteró que su teléfono estaba “pinchado” porque la llamaron desde el Juzgado a declarar. Consideró que Mauricio Macri no podría tener ningún interés en escuchar sus conversaciones telefónicas ni nadie del Gobierno de la Ciudad.

“Cuando declaré ante Oyarbide dije que en el momento que me escuchaban estaba pasando por una etapa difícil de separación con el padre de hijo”, determinó.