El presidente del bloque de diputados justicialistas Ricardo Sánchez, salió al cruce de esta situación y dijo que “lo lamentable de este nuevo fallo es la impunidad con que el STJ de entonces violó la ley de enganche tal como había ocurrido en el año 1985, sin mirar las consecuencias o en todo caso desentendiéndose de esas consecuencias sobre la base que en definitiva iba a ser ‘Juan Pueblo’ el que pague las resultantes de esa decisión de otorgarse un incremento que en aquel momento representaba más del 100 por ciento de su salarios”. El legislador recordó que ese importante aumento salarial no fue trasladado -como lo dice la ley- a la totalidad del personal judicial ni tampoco respetando las proporcionalidades en aquella parte de funcionarios a los cuales sí les tocó una porción. Contra las gestiones aliancistas Ante la noticia del fallo que golpea al Estado provincial, Sánchez no dudó en sostener que “hay una responsabilidad clara del radicalismo porque ya en el año 1998 el gobernador Angel Rozas conoció cual era la posición de la Corte en un caso similar y sin embargo nada hizo para ir corrigiendo esta suma en negro que permaneció intocable durante sus dos períodos de gobierno y que también se extendió durante la gestión de Roy Nikisch”. “Esta situación no hace más que mostrar la irresponsabilidad y despreocupación de lo que sabían iba a ocurrir en algún momento. Este fallo hoy es mucho más caro precisamente por no haber hecho nada para ir resolviendo en el tiempo esta cuestión, la que solamente durante el gobierno de Jorge Capitanich encontró por lo menos un límite para no ir agrandando los montos”. Recordó que en el 2008 se blanquearon primero mil pesos y luego el resto hasta llegar al total de los 2.900 pesos que corta el reclamo desde ese año en adelante pero que deja subsistente el período entre 1991 y 2008 que “será una cifra millonaria, aunque recién se podrá determinar cuando se hagan las liquidaciones correspondientes en la segura ejecución de sentencia que encima va a encarecer groseramente los pagos de honorarios de abogados intervinientes”. Analizan investigación Sánchez manifestó que “párrafo aparte merece la superviviente jueza del Superior Tribunal de Justicia María Luisa Lucas que está desde los primeros años de democracia en ese cargo, por lo que analizamos si corresponde, aunque sea administrativamente, el inicio de algún sumario o investigación ya que no es la primera vez que esta jueza viola la ley; esa violación le sale cientos de millones al Estado y sin embargo esta buena señora sigue cobrando su sueldo como si su accionar hubiese sido impecable. Esto también cabe para una Cámara de Diputados que seguramente algo va a tener que hacer al respecto”. Con esta última apreciación, Sánchez deja abierta la posibilidad de iniciar acciones desde la Legislatura chaqueña lo que sería el juicio político contra la magistrada. Asimismo también consideró que esta situación no hace más que ratificar la necesidad de profundos cambios que vienen planteando para el STJ.