Después de la sentencia, se viene la hora de la negociación política. Es que en el Gobierno local asumen que el Estado nacional “facturará” a las arcas provinciales el costo de la sentencia del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) en favor de las ex accionistas de Edemsa, Saur International y Electricité de France, por más de U$S 136 millones, con un descuento de los fondos por coparticipación federal de impuestos que le tocan a Mendoza.

Durante el último mes, la provincia recibió de la Nación más de $ 1.486 millones por ese concepto, un ítem esencial dada su complicada situación financiera. Si se toma ese monto como estable, significa que Mendoza deberá resignar, al tipo de cambio actual, el equivalente a casi 1 mes y medio de coparticipación.

Sería el primer caso pero la posibilidad cierta ya genera preocupación en el Poder Ejecutivo. Por eso, la postura del Gobierno mendocino es, llegado el caso, negociar condiciones y monto con la Nación. “Creemos que en el origen del conflicto, que terminó con el laudo del Ciadi, la provincia no tiene nada que ver. Por eso, cuando el acreedor ejecute la sentencia, efectivamente discutiremos cuáles son las condiciones imputables a Mendoza y cuáles a la Nación. Esto es, el nivel de responsabilidad económica de cada uno”, señaló el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.

El principal argumento oficial se vale de que el principal reclamo de Saur y EDF es por expropiación patrimonial, planteo adjudicado a la pesificación, una de las primeras medidas dispuestas tras el fin de la convertibilidad y la crisis de 2001, que consagró la ley 25.561 de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario, y alcanzó a las tarifas de servicios públicos.

La preocupación por hacerse cargo de la factura del Ciadi es mayor en virtud de que, de por sí, las modificaciones decididas por la gestión de Mauricio Macri en cuanto a Ganancias y el ya anunciado proyecto sobre la devolución del IVA, pueden recortar aún más, tales ingresos por coparticipación.

El abogado Facundo Díaz Araujo, asesor en materia de asuntos energéticos de la Provincia, recordó que “casi todos los juicios iniciados contra Argentina por empresas extranjeras ante el Ciadi, son posteriores a la 25.561”.

Al respecto, para Díaz Araujo, Saur y EDF hicieron ante el tribunal de Washington un megacombo de denuncias, muchas consideradas improcedentes y, sobre todo, para nada imputables a Mendoza.

“En este laudo se reconocen daños daños posteriores a la declaración de Emergencia Económica de la Nación, incluido el uso de las cuasimonedas, y otros previos, dentro de los cuales está una modificación considerada arbitraria del régimen tarifario eléctrico, por unos dos millones y medio de dólares”, destacó Díaz Araujo.

Esa cifra representa 44,8% de lo reclamado inicialmente por las multinacionales francesas por tarifas, unos U$S 5,5 millones.

Además, parte de la demanda se apoya en la expansión del alcance de la concesión a Edemsa (por la inclusión de un tendido de media tensión hasta la localidad de Polvaredas). También en la falta de pago de una compensación reclamada, además del subsidio a la tarifa de riego agrícola.

Un solo antecedente

El cálculo estimativo que hacen en el seno del Ejecutivo mendocino es que a la Provincia no le correspondería asumir más de un 10% del monto de la sentencia. Unos U$S 13 millones en el peor de los casos, si no prosperan las gestiones previstas ante la Nación.

El historial de los últimos años muestra que no es fácil para un país ganarle a un privado cualquier litigio ante el Ciadi. Hasta ahora hay un solo antecedente relacionado con Argentina: el caso de Compañía Aguas de Aconquija (ex operadora del servicio de agua y cloacas en Tucumán), que ganó un juicio por U$S 170 millones.

Vivendi, la matriz francesa, había iniciado la demanda en 1996, cuando CAA abandonó la concesión que se había adjudicado por 30 años, al acusar al poder concedente de incumplir y alterar el contrato. El Ciadi emitió el laudo en 2007 y uno definitivo (previa apelación) en 2010. Tres años después, el Estado nacional tuvo que afrontar el pago que, sin embargo, no terminó de “cobrar” al Gobierno tucumano.

Eso da una luz de esperanza a Mendoza para eludir un pase de factura por parte de la Nación. “Es el primer caso y único hasta el momento”, destacó Garay.

Su cartera ya fue notificada por la Procuración del Tesoro de la Nación, el abogado defensor de Argentina ante los fueros internacionales, del fallo que ya quedó firme. Ahora resta esperar que Saur y EDF completen el trámite para iniciar el cobro, con la presentación de una copia del laudo ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.