Las principales empresas exportadoras de granos y oleaginosas reclamaron anoche la urgente intervención del gobierno nacional para destrabar el conflicto que desde la madrugada de ayer mantiene paralizada la actividad de la mayoría de las terminales del área de Rosario, el mayor complejo sojero del país, a raíz de la huelga por tiempo indeterminado dispuesta por la CGT regional en demanda de un salario mínimo de $ 5.000 para la totalidad de los trabajadores del sector. El planteo de las compañías agrupadas en la Cámara Industrial Aceitera (Ciara) de recurrir al Ministerio de Trabajo nacional para intentar levantar las medidas de fuerza fue decidido luego del fracaso de la nueva gestión de mediación realizada ayer por las autoridades laborales de la provincia de Santa Fe.

Al respecto, referentes empresarios deslizaron la posibilidad de que las partes sean convocadas hoy mismo por la cartera que encabeza el ministro Carlos Tomada para acercar posiciones, aunque oficialmente desde esa dependencia aseguraron anoche a El Cronista no haber recibido ningún pedido formal para intervenir en el conflicto.

Tras los fallidos intentos de mediación de las autoridades santafesinas, la conducción de la CGT regional San Lorenzo, que responde a Hugo Moyano, inició ayer la huelga en las principales terminales del complejo agroexportador, en una medida que incluyó piquetes y protestas protagonizados por trabajadores de los gremios de construcción, comercio, portuarios, recibidores de granos, seguridad y gastronómicos. A su vez, el personal afiliado al sindicato aceitero, que no participa del conflicto, decidió no concurrir a las plantas para evitar incidentes con quienes llevan adelante las protestas.

Las medidas de fuerza afectaron ayer la actividad en las plantas de Nidera, Bunge, Cargill y Terminal 6, ubicadas en la localidad de Puerto General San Martín, y en la terminal ACA, en San Lorenzo, donde no se registraron ingresos de camiones con granos ni despachos de embarques al exterior.

El conflicto, que amenaza afectar seriamente las exportaciones de granos y oleaginosas, se suscitó a raíz del pedido que la cúpula de la CGT regional formuló a las aceiteras para que se eleve el salario mínimo de todos los trabajadores tercerizados que se desempeñan dentro de sus plantas a $ 5.000, de manera de igualar el piso salarial conseguido por los gremios aceiteros en diciembre. Los tercerizados, que representan cerca de 15% del personal que cumple tareas en el complejo San Lorenzo, tienen salarios de convenio inferiores a los aceiteros y en promedio se ubican por debajo de $ 3.000.

Pero las empresas rechazaron en forma terminante cualquier posibilidad de conceder el incremento pretendido por la CGT regional. “El pedido y la protesta no son razonables”, acusó el presidente de Ciara, Alberto Rodriguez. Y remarcó que las empresas “no discuten salarios con la CGT: los salarios se discuten en convenciones colectivas entre los sindicatos correspondientes a la actividad y los empresarios”, insistió.