La masiva tramitación de amparos para “obtener pagos extraordinarios” derivó en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé (Corrientes) Graciela Beatriz Duarte, por “unanimidad de los siete miembros del jury”, ya que desde ese Juzgado Civil y Comercial se fallaba “de inmediato” a favor de los efectivos, y que incluía también “dejar dormir expedientes”.

Además Verbitsky señala la participación de otro estudio jurídico Serial&Milan (obtuvo en dos días 43 medidas cautelares a favor de 11 mil miembros de las fuerzas de seguridad, según afirma el titular del Ministerio Público de Corrientes), llevando a cabo “maniobras en perjuicio al Estado que oscilarían entre 80 y 200 millones de pesos”.

“Once mil amparos concedidos en dos días por un juez subrogante en una ciudad de trece mil habitantes constituye un indiscutible record”, agrega, a la vez que evoca otro caso similar que tiene como protagonista al juez Pintos, repitiendo la misma mecánica que en Colorado, y que aún no se descarta que “se haya utilizado en otros lugares del país”.

Red de corrupción

El periodista denunció la existencia de una “red de corrupción judicial” que tramitaba amparos judiciales con exorbitantes aumentos de sueldo para agentes de seguridad gracias a la labor de “miembros de servicios jurídicos y contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos”.

“Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30 mil agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas”, apuntó, sobre el “fabuloso negocio” que se vio luego afectado por el “decreto del Poder Ejecutivo que ordenó ordenar la escala salarial”.

Verbitsky cita como fuente un informe realizado en julio de este año por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad, que puso la mirada sobre los amparos judiciales que derivó en que “la autoridad política haya perdido absolutamente el control sobre la escala salarial”.

La irregularidad, advertida por la Corte Suprema de Justicia, motivó el intento por parte del Gobierno de “retomar el control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, lo que provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior”, agrega el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, dispone que ningún miembro de esas fuerzas de seguridad percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería “redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto”.

Operación preparada

Verbitsky argumenta que la mala ejecución en la liquidación de los sueldos responde al incumplimiento de órdenes que salieron desde el Ministerio de Seguridad para “detenerla antes de que se depositaran los fondos”, por incumplimiento de “jefes de Prefectura responsables que se alejaron de sus puestos de trabajo, algunos de vacaciones y otros en una inverosímil gira de inspección contable, para estar lejos de las esquirlas en el momento del estallido”.

“El desbarajuste fue inducido con deliberación, en defensa de los ingresos siderales de las respectivas cúpulas, y una vez producido, lo aprovecharon los distintos sectores interesados en deslegitimar, carcomer y destituir al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, agregó.

En otro pasaje de la investigación, publicada en Página12, el periodista evoca los antecedentes del gobierno de Carlos Menem en relación con “los ajustes de gastos estatales” que derivaron en que el Gobierno asumiera el pago de los incrementos salariales al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mediante suplementos y compensaciones no remunerativas.

“Sobre esta base se montaron los negocios ilegales”, dice Verbitsky, sobre cómo fue aprovechada la “dispersión salarial” por una “connivencia entre estudios jurídicos, jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad que condujo a irregularidades e incumplimientos de distintos pasos procesales e incluso de disposiciones judiciales”.

Y agregó: “esto elevó en forma significativa los honorarios, costas, tasas de justicia e intereses y el costo del servicio de Justicia para la tramitación de miles de casos y redundó en un fuerte incremento de los gastos en personal para satisfacer medidas judiciales que deformaron la pirámide remunerativa en contra de los niveles inferiores”.

El ministerio puso en revisión el comportamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, que demoraba el cumplimiento de aquellas órdenes judiciales disponían cesar el pago de grandes sumas por medidas cautelares; y concluyó el viernes pasado con la intervención del Ministerio de Seguridad a esa área.

Los auditores llegaron hasta el comandante Manuel Barros, también abogado integrante del estudio jurídico Estudio Dasquetes, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, luego en Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur.

Este estudio pertenece a los abogados Fernando Dasque -comandante mayor retirado y autor del “Régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional”- y Fernando Tes, asociados con el comandante mayor Estanis Drebnieks, quien cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y “había sido propuesto para dirigirlo”.

“Drebnieks -cobra 53 mil pesos por mes- negó ser socio del estudio Dasquetes y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó su curriculum a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro”, dice.