La Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre el llamado "Petrolão", la fenomenal trama de corrupción urdida en torno de la petrolera estatal Petrobras, no encontró ninguna prueba que permita imputar a la presidenta Dilma Rousseff  y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos fueron exculpados en el informe final aprobado en la madrugada de ayer con el voto negativo de toda la oposición. El dictamen fue redactado por el diputado Luiz Sergio, instructor de la Comisión, y fue apoyado por 17 parlamentarios. Nueve se opusieron y uno se abstuvo.

"No podemos confundir indicios con sospechas, yo debo atenerme a lo que consta en los autos del proceso", sostuvo Luiz Sergio. Según el veredicto de la Comisión, el escándalo del Petrolao fue motorizado por un cártel de empresas privadas que contó con la complicidad de varios ex ejecutivos de la petrolera. El único dirigente político imputado fue el ex tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto.

Las conclusiones de la Comisión fueron rechazadas en pleno por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que para sustentar su campaña destituyente de la presidenta insiste en responsabilizarla de todo. "Esta organización delictiva fue instalada en Petrobras bajo el comando del Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo) a partir del gobierno de Lula da Silva y mantenida por Dilma Rousseff", afirmó el diputado del PSDB Antonio Imbassahy. La decisión del cuerpo parlamentario se suma a la del Supremo Tribunal Federal (STF), que la semana pasada declaró la falta de elementos para iniciarle juicio político a Rousseff.

Sin referirse a la decisión adoptada en el Congreso, la presidenta aseguró ayer que pese a la crisis económica el gobierno no reducirá los recursos destinados a la Bolsa Familia, el más resonante de los programas de asistencia social aplicado desde 2002 por los gobiernos del PT. "Cortar recursos a Bolsa Familia significaría atentar contra 50 millones de brasileños que hoy tienen una vida mejor gracias a este programa", afirmó. Rousseff dijo que "no podemos permitir que haya un recorte cuando se definan los recursos en el presupuesto de 2016". La presidenta tampoco aludió a un renovado pedido de la Central Única de Trabajadores para corregir la política que está aplicando a instancias del ministro de Hacienda, el banquero Joaquim Levy.

La presidenta sabe que el PT tendrá que valerse de aliados parlamentarios para conseguir que se apruebe su proyecto de presupuesto. El gobierno envió al Congreso un texto en el que prevé que para sustentar el plan Bolsa Familia durante el año próximo habrá que destinar un presupuesto de 7200 millones dólares. De inmediato, el senador Ricardo Barros, del Partido Popular (PP), ya propuso recortar algo más del 35% a los fondos del programa. Barros recomendó hacer un corte de 2600 millones de dólares para así reducir el déficit fiscal en el ejercicio de 2016, año en el que persistirá la recesión y no se prevé un aumento de la recaudación.