Todavía sin columnas en las calles, alternativa que queda para una eventual segunda instancia, la cúpula gremial que encabeza Hugo Moyano le pedirá al gobierno que impulse un proyecto de ley para reemplazar el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales, declarado inconstitucional por el máximo tribunal, y además, buscará que Néstor Kirchner, en su rol de presidente del PJ, explicite una postura oficial del partido. Por esa vía, todavía pacífica, los gremios reclamarán que los Kirchner se pongan al frente de una jugada para garantizar el monopolio de la CGT sobre el criterio de que la resolución cortesana caotiza el modelo sindical y sólo puede subsanarse a través de una "solución política". Ayer les ganó de mano Elisa Carrió. Presentó un proyecto anti-Moyano en el sentido de lo que afirmó la Corte. La movida sindical supone lo obvio: que la CGT admite la decisión judicial, pero no se resigna a perder el monopolio gremial. Moyano se puso ayer al frente del consejo directivo cegetista y escuchó quejas y reproches de todo tipo y color contra el gobierno, el ministro Carlos Tomada, los miembros de la Corte y el procurador Esteban Righi (que elaboró el dictamen antimonopolio). Sobre la mesa, y luego en público, los dirigentes también desautorizaron al camionero, que días atrás dijo que no había despidos ni suspensiones. El consejo directivo expresó que hay alerta y temor ante la posibilidad de que se profundice el efecto de la crisis económica sobre los trabajadores. De hecho, en varios rubros -como el metalúrgico- hay datos preocupantes, al punto que el jefe de la UOM, Antonio Caló, combinando ambos hechos, el fallo y la crisis, advirtió que podría "paralizar la producción" en el país.

Por: Pablo Ibáñez

Hugo Moyano, escoltado por Belén (de espaldas), encabezó ayer la cumbre de la CGT para resolver cómo actuar ante el fallo de la Corte.

A ciegas, sostenido apenas por promesas difusas, la CGT tratará que Cristina de Kirchner mande al Congreso un proyecto para reemplazar el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que abortó un fallo de la Corte, y terminó con medio siglo de monopolio sindical.

No todo el arsenal irá sobre la Presidente: en una señal inequívoca de que para el cacicazgo gremial, el centro de decisiones opera desde Olivos, Hugo Moyano fue encomendadopara pedirle a Néstor-Kirchner que, como jefe del PJ, exponga una posición y una táctica.

Esos dos ejes, uno institucional y otro político, bosquejó ayer la CGT en medio del festival del escarnio en que se convirtió ayer la sede sindical de la calle Azopardo donde sesionó, convocada de urgencia, el Consejo Directivo que comanda el camionero.

Lo explicitó, genéricamente, Héctor Daer, secretario de Prensa cegetista: «Debe haber una solución política porque entra en colisión con la estructura de los derechos sindicales», señaló el dirigente de Sanidad que ofició como vocero de la resignación: «El fallo no se discute», dijo

Legislación

La vía formal consistirá en pedirle a la Casa Rosada, a través de Carlos Tomada, que avance con una legislación que supla el suprimido artículo 41 que regula la elección de delegados en las empresas y que, con la declaración de anticonstitucional, queda desierto.

La avanzada sobre Kirchner manotea otro argumento: la Ley 23.551 fue promovida y sostenida por el PJ, cuando se diluía el gobierno de Raúl Alfonsín. Y, dicen en la CGT, el partido -del que Moyano es vice segundo- no puede estar ajeno a los cambios que introdujo la Corte.

Por lo pronto, Kirchner les corrió el cuerpo: ayer, durante una charla con movileros en la Casa Rosada luego del acto por Héctor Cámpora, evitó opinar sobre el fallo y se limitó a la obviedad de que respeta la decisión judicial.

Los planteos, que excluyen en principio movimientos callejeros, no traducen en toda su dimensión el clima hostil que se apoderó ayer del edificio de la calle Azopardo, donde desde los Kirchner hasta los jueces de la Corte fueron fulminados por las quejas sindicales.

Cruce

Puede relatarlo Julio Piumato que, parsimonioso, quiso ensayar una defensa de la Casa Rosada y le saltaron a la yugular: «Acá no venimos a defender al gobierno; acá estamos para defender a los trabajadores» lo cruzó un jefe sindical que ya anota despidos en su gremio.

Se escucharon, también, palabras poco amigables para Esteban Righi, a quien la CGT sindica como el « operador» que despabiló una causa que estaba dormida desde hace 7 años. En una remembranza del otro setentismo, le recordaron su filiación en La Tendencia.

La metralla alcanzó a Tomada, sobre quien pusieron en duda su cintura en asuntos legales. No se trata, menos cuando está enojada, de gente sutil: «inepto» calificó un sindicalista del rubro servicios al ministro de Trabajo a pesar de que es, casi, un hombre de la casa.

Fue abogado de la CGT -por entonces, el principal aportante de argumentos legales para frenar las demandas de libertad sindical de la naciente CTA-y, recuerda Héctor Meguira, asistió a PECIFA, gremio donde se gestó la demanda que derivó en el fallo cortesano.

Sin margen, aunque sin dejar de marcar su enojo -Moyano, el más suave de todos, dijo que se trató de «un error»- la CGT aceptó ayer públicamente la validez del fallo, pero se esforzó por minimizar su alcalde y volcó sobre la Corte el riesgo de « consecuencias imprevisibles». Cuestionó, además, al tribunal por citar una resolución de la época de Juan Carlos Onganía y, traductor del fallo, sostuvo que no pone en duda ni cuestiona el monopolio gremial porque destaca la preeminencia del gremio con mayor representatividad; es decir con más afiliados.

Pero no todo se apagó ahí: aunque fue, apenas, discutido dentro de la cumbre, la CGT no perdió la oportunidad para repetir su alerta sobre el riesgo de despidos. Antonio Caló, jefe de la UOM, llegó más lejos: «Se puede paralizar la producción del país».