Fuentes del Ministerio de Economía dijeron a LPO que los bancos emitieron unos 190 reportes de operaciones sospechosas, pese a que se dijo que todas habían sido denunciadas. Echegaray culpó ayer a las entidades por “generar preocupación”. Moreno redobla la presión para conseguir US$ 500 millones.
Las palabras de Echegaray revelaron la bronca del Gobierno con los bancos, que comienzan a ser señalados como los responsables del fracaso de una medida que nunca logró atraer a los tenedores de dólares.
Versiones periodísticas daban cuenta de que las entidades bancarias habían emitido Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por la totalidad de las operaciones que se realizaron en los tres primeros meses del blanqueo, que según indicó el titular de la AFIP fueron poco más de 1.900.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía dijeron a La Política Online que las ROS emitidas por los bancos a la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron un 10 por ciento del total de las operaciones, unas 190.
La denuncia del total o la mayoría de las operaciones del blanqueo hubiese significado un casi seguro fracaso de la extensión del blanqueo dictada ayer, ya que -como explicó Echegaray- el temor a quedar implicado en una investigación de la UIF espantaría a los interesados en cambiar dólares por Cedin o Baade.
En realidad, lo que también sucede es que los propios bancos son los que temen quedar envueltos en algún escándalo de lavado de dinero proveniente de actividades ilegales y presionan a las autoridades nacionales para que creen algún tipo de normativa que los exima de problemas futuros.
Por la ley 25.246, los bancos están sujetos a multas de hasta diez veces el valor de la operación sospechada si no remiten la información ante la UIF. Pero también las entidades extranjeras están sujetas a normativas y acuerdos internacionales contra el lavado.
Es por eso que en el Gobierno sospechan de la actitud de los banqueros y comienzan a desligar la responsabilidad del fracaso del blanqueo en ellos. Algunos funcionarios nacionales sospechan que muchas entidades tomaron como política recomendarles a sus clientes que no se sumen a la exteriorización de capitales y les alertaron sobre los problemas legales que tendrían.
En este contexto, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estaría redoblando la presión para que algunos bancos cercanos al Gobierno dispongan 500 millones de dólares para suscribir el bono Baade, que se utilizará para inversión energética.
La presión de Moreno ya dio resultado con el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni, que pondrán US$ 500 millones para comprar el bono energético y que se invierta en Vaca Muerta. Lo mismo corre para las cerealeras, que sólo aceptarían si el funcionario les consigue US$ 500 millones de prefinanciación de exportaciones.
En todos los casos se trata de un negocio poco atractivo ya que se trataría de dinero en blanco y los inversores no tendrían los beneficios del blanqueo. Además, comprar un bono que rinde 4% no sería muy favorable en comparación con otras ofertas que hay en el mercado, con rendimientos de entre 10 y 11%.



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