Esta cuestión generó cierta polémica, es decir si se elude o no la normativa oficial, en virtud de que está vigente la ley Nº 4.776 que establece una fórmula para determinar el valor locativo en la contrataciones de oficinas, locales y viviendas cuando el Estado provincial sea el locatario. El valor máximo de los montos se determina de la aplicación de un porcentaje que va entre el 0,8% y el 1,2% del doble del valor fiscal del inmueble. Algunas fuentes del gobierno, y el autor de esta norma, Pedro Pesatti, relativizaron las críticas en el sentido de que esta resolución no colisiona con la norma dado que en este tipo de contrataciones –de los ministros– no interviene el Estado sino que se trata de un caso particular con quien ocupa la vivienda. Por lo menos, están los casos conocidos del gobernador Alberto Weretilneck, –que tiene una contratación privada y no ocupa la residencia oficial– y dos de los miembros de su gabinete.