Alberto considera el lawfare un problema grave del país, que pone en riesgo las libertades individuales y la seguridad jurídica en general. Para salir del laberinto que se fue armando en el Poder Judicial en los últimos años creó un Consejo Consultivo para la Reforma Judicial que analizó las posibles soluciones al escenario actual. El resultado es un informe que dejó más que satisfecho al presidente. Luego de estudiarlo varios días, comenzó a tomar decisiones. 

“Lo más seguro es que avancemos con la creación de un Tribunal Supremo, de igual rango que la Corte, que se encargue de los casos de arbitrariedades. Un sistema como el español”, señaló este fin de semana Alberto. 

El presidente y profesor de derecho cree que las dos posibilidades más convenientes son aumentar los miembros de la Corte o crear el Tribunal Supremo. Pero estima que esta última opción crearía un sistema más ágil y operativo al tiempo que aparece como el más potable para instrumentar en un tiempo razonable. Aunque la medida solo necesita mayoría simple del Congreso, Alberto aseguró que “tiene que salir con acuerdo de la oposición”. 

La idea es que la actual Corte se encargue de decidir sobre la constitucionalidad o no de los temas en litigio y el nuevo tribunal de las arbitrariedades que pudieran cometerse en instancias inferiores en el juzgamiento de los casos. 

Por ejemplo, la Corte actual se ocupó del fallo del 2 por 1 para crímenes de lesa humanidad. También de la Reforma Judicial impulsada por Cristina. Pero se ha negado a tratar abusos en casos como los de Cristina, Milagro Sala y Amado Boudou, que piden que la Corte revise los procedimientos de los jueces de primera instancia. Se trata en general de temas de prueba. Graciana Peñafort denunció por ejemplo que no pudo acceder a pruebas en el caso Ciccone. Cristina no logró que se hiciera una auditoría en la obra pública ni que le tomar declaración a Ronald Noble en la causa del memorándum de Irán, por citar algunos casos. 

Alberto piensa que parte del radicalismo estaría dispuesto a votar esta reforma y sumar algunos de sus hombres a este nuevo tribunal. Nueve miembros le parece un número razonable, ya que debería ocuparse de múltiples casos. 

El presidente descarta la posibilidad de solucionar los casos actuales con indultos, que estima son actos discrecionales de épocas monárquicas. Y tampoco lo convence la posibilidad de avanzar en un juicio político a los actuales miembros de la Corte. Aumentar sus miembros es una posibilidad, pero es más difícil de sacarlo en el Congreso, ofrece menos escaños para nuevos cargos, no soluciona el tema de una justicia más ágil y es claramente más conflictivo ante la opinión pública que la creación del Tribunal Supremo.  

Hace pocos días Cristina advirtió sobre la posibilidad de que la Corte obstruyera el plan económico del Gobierno. Llegó a oídios del Gabinete que los cortesanos podrían involucrarse en el caso de la jubilaciones y poner en jaque la reciente modificación de la actualización trimestral con la fórmula ya utilizada por Cristina. Una decisión de ese calibre amenazaría entre otras cosas la negociación con el FMI. Así están las cosas en Argentina. 

El presidente se indignó cuando en pocos días la Corte decidió laudar en el caso del traslado de tres ignotos jueces y se negó a tratar el caso del ex vicepresidente Amado Boudou. También considera intolerable el acoso constante a Cristina y la tortura que resiste Milagro Sala hace 5 años. Así piensa trabajar en el proyecto durante el verano para avanza en las sesiones ordinarias.